Voracidad urbanística en el litoral valenciano

La Comunidad Valenciana, enclavada en el eje mediterráneo, con más de cuatro millones de habitantes y 500 kilómetros de costa, tiene cerca del 50% del suelo urbanizable concentrado en menos de un centenar de municipios costeros. Sus habitantes asisten desde hace cinco años a una fiebre urbanizadora que ha sembrado la alarma en los partidos políticos de la oposición, los movimientos conservacionistas, asociaciones de vecinos e incluso en la Unión Europea, a la que han llegado 15.000 quejas de afectados por la LRAU -Ley Reguladora de la Actividad Urbanística -, en vigor desde 1994.

Un grupo de académicos de la Universitat de València estiman que las previsiones de crecimiento de nuevas viviendas en la Comunidad Valenciana en 10 años oscilan entre los dos y los cinco millones de unidades, lo que conllevaría un incremento de seis a 15 millones de habitantes. "Podríamos llegar a cuadruplicar la población en una década", subrayó hace unas semanas el decano del Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, Fabián Llisterri, en la presentación del libro Los límites del territorio, editado por la Universitat de València.

En una semana entraron en los Ayuntamientos 23 planes para construir 93.000 viviendas

La reflexión no era gratuita. Desde el año 2000, la comunidad autónoma asiste a un boom inmobiliario que afecta al litoral y que, según los propietarios afectados, no encuentra freno en las leyes del Gobierno de la Generalitat Valenciana, regido por el PP desde 1995. Este auge está siendo determinante para el crecimiento valenciano. "De cada 100 nuevos euros producidos, el sector de la construcción/inmobiliario aporta más de 26, 10 más que en la media de España, frente a la modesta contribución de la industria (local)", reconocen los académicos valencianos Josep Vicent Boira, Joan Romero y Josep Sorribes.

Los socialistas, principal partido de la oposición, se oponen a la que consideran máxima del actual Gobierno valenciano: "Todo lo que no está protegido es susceptible de ser urbanizado". Sólo el pasado mes de junio se presentaron 173 planes urbanísticos -los conocidos como Programas de Actuación Integrada (PAI)- de distinta envergadura. En las mismas fechas se contabilizaron hasta 64 nuevos proyectos de campos de golf -ahora existen 22 en funcionamiento-, la mayoría con urbanizaciones anexas y en casi todos ellos se hablaba de reclasificar suelo agrícola para convertirlo en urbanizable. En la última semana del pasado junio, entraron en los Ayuntamientos valencianos 23 proyectos, que proponían la construcción de cerca de 93.000 viviendas. A la vista de estos datos, los agentes sociales piden una planificación territorial a medio plazo. "Hay que parar esta locura", apunta el secretario de Territorio del PSPV-PSOE, Eugenio Burriel, quien reconoce que en esta espiral han entrado Ayuntamientos de todo color político, incluidos los socialistas. La explicación es bien sencilla, opina la mayoría. Al calor del retroceso agrícola, con una renta rural en descenso, y de la ruina económica de los Ayuntamientos, el negocio inmobiliario crece y se multiplica en unas condiciones inmejorables. Los PAI y los campos de golf son una vía de ingresos para que los Ayuntamientos atiendan muchas necesidades para las que la financiación ordinaria resulta insuficiente.

Las leyes autonómicas no están sirviendo de árbitro, según denuncian miles de propietarios afectados ante el Comité de Peticiones de la Unión Europea, que solicitan un cambio legal que evite los abusos. En la escena política, las dos formaciones mayoritarias (PP y PSPV-PSOE) se enfrentan por la paternidad de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) en vigor, que aprobó en 1994 el todavía Gobierno socialista y que ha aplicado el posterior Ejecutivo del PP sin desarrollo reglamentario alguno, clama la oposición. Esquerra Unida-L'Entesa, tercera fuerza política en votos, ha hecho de la petición de una moratoria en la construcción la piedra angular de su discurso político.

"Imagínate que heredas una casa en Moraira (Alicante), con vistas al mar y llega alguien (el agente urbanizador de un PAI que afecta a tu propiedad), que te quita la mitad de tu terreno y te pide además 30 millones de las antiguas pesetas por los costes de urbanización", expone un portavoz de la Asociación Abusos Urbanísticos No (AUN).

Los pequeños propietarios acaban pagando todos estos costes con suelo, en un proceso que los afectados consideran cercano a la "incautación". Y describe otro caso: "Una señora de 78 años que vive en una casa con un terreno alrededor se entera de repente de que le toca pagar 20 o 30 millones de las antiguas pesetas porque su propiedad está afectada por un PAI. Si le dicen que tiene días para pagar o entregar la finca si no tiene dinero, y un día antes de que expire el plazo aparece un señor dispuesto a comprar su casa y su terreno, generalmente acabará vendiendo a menos precio para evitarse el problema". Éstos casos son una realidad, denuncia AUN.

Según este portavoz, la LRAU se pensó para evitar el acaparamiento de suelo por parte de unos pocos propietarios, impidiendo, por ejemplo, la expansión de los municipios. Pero sea cual fuese su filosofía de partida, lo cierto es que esta ley ha servido para que la región viva uno de los boom inmobiliarios más intensos de su historia y para que, como aventuró el decano de los arquitectos valencianos, la Comunidad Valenciana pueda convertirse en unos años en el equivalente de "toda Andalucía y toda Canarias o Cataluña y Madrid juntas, o 52 Pamplonas...".