La UE pide la suspensión de los programas con suelo reclasificado

La polémica urbanística valenciana ha llegado al corazón de la Unión Europea tras casi año y medio de quejas contra la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU). El miércoles pasado, el Comité de Peticiones europeo aprobó una resolución donde solicitan a la Generalitat que paralicen los PAI (programas de actuación integral) que reclasifiquen suelo rústico a urbanizable hasta que se apruebe una nueva ley. El Parlamento Europeo la votará el próximo 15 de diciembre.

El Gobierno valenciano, que preside el popular Francisco Camps, aprobó en mayo la futura Ley Urbanística Valenciana (LUV), que sustituirá a la LRAU, y que a fecha de hoy ni ha gustado a la Comisión Europea -que exige cambios sustanciales-, ni a los propietarios, ni a la oposición, ni tampoco al grupo del PP en las Cortes Valencianas, que ha presentado más de 109 enmiendas al texto elaborado con la Consejería de Territorio.

Su titular, Rafael Blasco, defiende el texto: "La nueva ley será 100% transparente, que era uno de los grandes errores de la anterior. Habrá total transparencia en el proceso de adjudicación de la urbanización y lo mismo ocurrirá con respecto a los propietarios del suelo". Por ejemplo, los afectados por un PAI dispondrán con la LUV en vigor de dos meses, en lugar de los 10 días, actuales para decidir si pagan los costes de urbanización en metálico o en suelo.

Más control municipal

La futura ley impedirá, dice Blasco, que el agente urbanizador y el constructor sean los mismos y el Ayuntamiento tendrá más control que antes sobre el proyecto. La Comisión Europea tiene abierto un expediente informativo a España desde hace unos meses por problemas relacionados con la contratación pública de los proyectos y espera a la aprobación definitiva de la LUV para archivarla o darle continuidad.

En cuanto a los límites, el consejero valenciano confía en el Fondo de Equidad Territorial, según el cual "quien consume recursos [suelo] paga la creación o restauración de ámbitos medioambientales, ligando el crecimiento a la protección territorial". O el programa "metro por metro", según el cual la reclasificación de suelo rústico a urbanizable generará otro tanto terreno protegido.

"No hay un diagnóstico previo del territorio", observa el profesor de Geografía e Historia de la Universitat de València Josep Sorribes, que defiende con carácter previo a la redacción de cualquier ley un documento estratégico que fije los límites y el modelo territorial. "Un modelo residencial de calidad para recibir a todos es un modelo que tiene ventajas, pero debe planificarse antes", prosigue. El profesor cita lo que hacen Navarra, Cataluña y Baleares para ordenar el crecimiento urbanístico.