La venta de material militar a Venezuela

La venta de material militar por parte de España a Venezuela puede que provoque una división interna en el seno del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pero a nadie se le escapa que supone, de llevarse a cabo, una importante inyección económica para Andalucía. Se trata de una operación que ha suscitado la oposición frontal de Estados Unidos a consecuencia de las pésimas relaciones que mantiene con el presidente Hugo Chávez. Sin embargo, esta semana, el ministro de Defensa, José Bono, se desplaza hasta Caracas para cerrar el acuerdo definitivo y que contempla la venta de 12 aviones EADS-CASA y ocho patrulleras de los astilleros públicos Navantia. Al parecer, tal y como publicara ayer El PAÍS, las autoridades diplomáticas españolas no están por labor de abrir nuevos frentes conflictivos con los estadounidenses que, por cierto, nunca antes llegaron a inmiscuirse en este tipo de transacciones comerciales que España ha llegado cerrar desde hace años con países de distinta índole y gobernados por mandatarios de todo tipo de pelaje ideológico e, incluso, religioso si se tiene en cuenta, que, por ejemplo, se han construido y vendido patrulleras hasta para Irán tras la revolución Islámica.

Sin embargo, ahora la coyuntura no resulta favorable para sus intereses y, aunque Chávez utilizará, a buen seguro, esta compra para subrayar aún más su política antiamericana, lo importante para Andalucía es que con este contrato se garantiza la actividad de las factorías ubicadas en la Bahía de Cádiz hasta 2012 en la construcción de los patrulleros. Otro tanto se puede decir de los aviones cuya construcción y ensamblaje generan una considerable carga de trabajo para la industria aeronáutica andaluza. No obstante, a pesar de la trascendencia que tiene en sí este negocio, al margen de las consideraciones geoestratégicas, llama la atención el escaso apoyo que ha suscitado en nuestra comunidad. Los trabajadores de los astilleros han respaldado la iniciativa y hay que entender que con ellos estará IU, formación que junto con el PP y el PA han constituido un foro para la defensa de la construcción naval, precisamente, ahora que comienza en este sector una nueva etapa tras la aplicación de la enésima reconversión que se ha llevado a cabo, ya con gobierno del PSOE. Una dura medida que se configuró como la única salida posible ante la ruina en la que habían quedado los astilleros en manos del PP.

Son los populares, precisamente, los que más se están reticencias han expresado aunque, a decir verdad, el peso de la crítica lo están asumiendo sus dirigentes en Madrid. Aquí se guarda un prudente silencio para no aparecer ante los propios trabajadores de las factorías andaluzas beneficiadas por el "supercontrato" como los que ponen obstáculos para su realización. Pero estos son los mismos que, junto con los izquierdistas de la bahía gaditana, pusieron en su día reparos a que se construyeran en dichos astilleros otros grandes buques militares aunque fueran para la Armada española. Preferían que se construyeran en El Ferrol. Más fino deben hilar, de todas formas, a la hora de analizar el último fleco pendiente que queda de dicha reestructuración que tan poco les gustó como es la privatización de algunas de las factorías, entre ellas, la de Sevilla. Cerrado el plazo para su venta por parte de la SEPI, habrá que comprobar si aquí en Andalucía hay suficiente capacidad técnica y financiera para hacerse con dicha factoría o bien van a tener que ser empresarios vascos los que se lleven el gato al agua. A este astillero le han salido varios "novios" andaluces al mostrar su interés por ellos desde Huelva y Cádiz. Con todo, en la administración central deben sopesar bien el paso a dar y acertar al máximo para no repetir experiencias fallidas como lo fue en su día la privatización de la extinta Fábrica Nacional de San Carlos, en San Fernando (Cádiz). También sería de agradecer, en pos de la necesaria transparencia, que no se incluyan en la operación, que afecta, también, a las factorías de Sestao, Gijón y Manises, cláusulas secretas que, a la larga, sólo redundan a favor del comprador final y poco o nada hacia los trabajadores afectados por este tipo de actuaciones.