CGT aboga por restaurar la galería donde se encarceló a presos políticos
La organización Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía, adscrita al sindicato CGT, organizó ayer una visita guiada a la cárcel Sevilla I, en la que aún permanecen presos de tercer grado, para mostrar a la ciudadanía sus argumentos sobre la conservación de la galería tercera de este centro penitenciario, en la que solían ubicar a los presos políticos durante la dictadura. El coordinador de la organización, Cecilio Gordillo, ha obtenido autorización de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para visitar la cárcel de La Ranilla.
La visita estuvo guiada por tres monitores que han trabajado en la prisión provincial y asistieron antiguos presos que relataron sus "experiencias personales" en el marco de la propia prisión. Cecilio Gordillo señaló que más de 70 personas entre investigadores, aficionados a la historia y antiguos reos participaron en esta "visita colectiva"" para impulsar la conservación de la antigua cárcel una vez sea abandonada por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
La organización ha pedido al delegado provincial de Cultura, Bernardo Bueno, que su departamento elabore un informe sobre la viabilidad de conserva y restaurar la tercera galería de la cárcel, aunque advirtió de que el recinto penitenciario tiene "otras partes singulares dignas de conservarse".
El acuerdo entre el Consistorio hispalense y la Sociedad Estatal de Establecimientos Penitenciarios contempla la demolición la próxima primavera de Sevilla I y la construcción de un nuevo centro de inserción social en una parcela de 29.000 metros cuadrados en las inmediaciones de Sevilla II. En concreto, el Gobierno cederá gratuitamente al Consistorio 33.743 metros cuadrados en La Ranilla para destinarla a parque público, mientras que se reserva dos parcelas de suelo residencial de 2.750 metros cada una.
Además, la Sociedad de Establecimientos Penitenciarios se compromete a aportar 1,3 millones de euros. Por su parte, la Gerencia de Urbanismo, que puede excluir de la demolición algunas edificaciones para rehabilitarlas, se compromete a adquirir la parcela para el nuevo centro de inserción social.
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