El PSOE advierte a su dirección federal de que el nuevo Estatuto rozará "el límite" de la Constitución

Los socialistas andaluces comunicaron hace dos semanas a sus compañeros en la dirección federal y el grupo parlamentario en el Congreso que la reforma que plantean del Estatuto de Autonomía de Andalucía llegará al "límite" de la Constitución, sin rebasar esta norma. Igualmente, también trasladaron "con bastante claridad" el mensaje de que el proyecto incluirá la petición de competencias exclusivas del Estado. La dirección federal no contestó con negativas a esta petición, aunque mostró nulo entusiasmo por la fórmula elegida, es decir, señalarlas en el Estatuto a través del artículo 150.2 de la Constitución.

La reunión se celebró el pasado 11 de noviembre en la sede regional del PSOE andaluz, en la sevillana calle de San Vicente. Fue el primer contacto oficial de intercambio de información entre las direcciones federal y regional, convocada a iniciativa de la primera, para hablar del proyecto de reforma del Estatuto andaluz.

Del lado andaluz, asistieron el secretario de Organización, Luis Pizarro, el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, el portavoz parlamentario, Manuel Gracia, el secretario de Política Institucional, Rafael Velasco, el viceconsejero de la Presidencia, Juan Antonio Cortecero, y el director de Coordinación y Estudios de esta consejería, José Manuel Cervera. Alfonso Perales, secretario federal de Política Autonómica, Diego López Garrido, secretario general del grupo socialista, y Ramón Jáuregui, portavoz socialista en la Comisión Constitucional del Congreso integraron la delegación federal.

Los andaluces entregaron documentación sobre los borradores que han elaborado de la reforma, en una reunión que la mayoría de las personas consultadas calificaron de "cordial", "informativa", "aclarativa" y también un "poco dura". Con esta expresión, aluden a que se les trasladó a sus interlocutores federales con total nitidez cuál es su intención: elaborar un Estatuto ambicioso que llegue "al límite de la Constitución". Algunos de los asistentes ponen en boca de Luis Pizarro la expresión de que la reforma andaluza estará "justo encima de la padereta [muro]" de la Constitución. También varios dirigentes advirtieron de que la modificación estatutaria que elabora la ponencia no va en la línea aprobada por la Comunidad Valenciana, que los socialistas andaluces califican en privado de light (ligera).

Igualmente, los socialistas andaluces trasladaron "con mucha claridad" que plantearán en su propuesta la petición de gestión de competencias exclusivas del Estado a través del artículo 150.2 de la Constitución, que permite delegar o transferir a las comunidades autónomas materias estatales. La dirección federal consideró "rara" y "chocante" esta petición y mostró escaso "entusiasmo" con la propuesta. Ni Perales, ni López Garrido ni Jáuregui anticiparon una negativa a las reclamaciones estatutarias. "La dificultad no es tanto las materias que se reclaman, como la fórmula elegida porque una comunidad no debe plantear en su Estatuto lo que no es competencia suya sino del legislador estatal", explicó uno de los asistentes. En un documento inicial sobre competencias el PSOE reclama cuatro materias: puertos y aeropuertos de interés general, la gestión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el servicio meteorológico y archivos, museos y bibliotecas.

A la dirección federal le quedó claro, según afirmaron las personas consultadas, que para el PSOE andaluz es "prioritario" el traspaso de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y también los puertos y aeropuertos estatales. Los representantes de la dirección federal mostraron cierta "sorpresa" con la petición del traspaso del servicio meteorológico.

Aunque no hubo si un sí ni un no a estas pretensiones, la dirección federal se comprometió a "buscar alguna fórmula" para que Andalucía asuma estas materias, como podría ser la tramitación en paralelo a la reforma del Estatuto de leyes orgánicas de cesión de competencias. En cualquier caso aseguraron que la solución que se dé para Cataluña o Canarias -cuyas iniciativas de reforma se debatirán antes en la comisión constitucional- será la misma que se aplicará a Andalucía.