La riada de Biescas desemboca en Estrasburgo

La historia de Sergio Murillo Saldías comenzó en la tarde del 7 de agosto de 1996 en el cámping Las Nieves de Biescas (Huesca) y ha llegado hasta la sala oval del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Sergio Murillo, un arquitecto de Pamplona de 25 años, es el primer ciudadano español que a raíz de aquella tragedia ha denunciado a España por la presunta vulneración de los artículos 2 (derecho a la vida), 6.1 (derecho a un juicio justo) y 13 (derecho a un recurso efectivo) del Convenio de Roma para la Protección de los Derechos Humanos.

Las lluvias torrenciales que aquel día del verano de 1996 arrasaron el valle de Tena en el Pirineo oscense se saldaron con 87 personas fallecidas y centenares de heridos. Sergio tenía en esas fechas 16 años. Perdió a sus padres, Francisco y Presentación, y a sus dos hermanos pequeños, Susana y Alberto. Entonces no comprendía lo que había ocurrido. Ahora reclama justicia ante la Unión Europea. "Quiero un pronunciamiento contra la impunidad", señala.

El proceso judicial se agotó en España sin responsabilidades penales ni acusados

Los jueces de Estrasburgo escucharon que la tragedia que segó 87 vidas se produjo en un cámping cuya construcción dentro de un cauce torrencial no fue autorizada, pero sí tolerada por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). "Si la justicia española no es capaz de reconocerlo, debe hacerlo el Tribunal de Estrasburgo", afirma este joven arquitecto que logró rehacer su vida gracias al apoyo de sus familiares.

La demanda contra España se interpuso en el año 2001. La vista preliminar sobre la admisibilidad de la demanda se celebró ante la Sección Cuarta del citado tribunal el pasado 8 de octubre. Duró casi tres horas. Sergio Murillo estuvo allí, ante los siete jueces titulares y cuatro suplentes de la Sala, acompañado de su abogada, Elena Melero, y de la también letrada Elena Ostiz. Junto a ellos asistieron otros cuatro supervivientes de la tragedia: Salvador Sanchís, María Isabel Verdú y Barry y Andrée Copestake, representados por el mismo bufete. Estas cinco personas son las únicas que han recurrido a la justicia europea en el prolongado litigio judicial derivado de la catástrofe.

En la audiencia, los demandantes acusaron al Estado español de actuar con indolencia e inactividad al no proteger la vida de los campistas debido a la no aplicación de las leyes y reglamentos vigentes, "permitiendo que se instalase un cámping en un lugar mortífero", señaló la letrada Elena Melero. Después, las autoridades españolas no aplicaron la legislación penal, impidiendo que los culpables fueran acusados y depurada su responsabilidad.

Los informes periciales contradictorios, argumentó la letrada, evidenciaron la existencia de indicios racionales de criminalidad que obligaban a la celebración de juicio oral con la participación de un tribunal sentenciador. Por el contrario, se sobreseyó el caso.

El representante del Gobierno español, Ignacio Blasco, reiteró que la tragedia fue un hecho inevitable y que el Estado actuó como debía, canalizando el barranco de Arás como medida de protección en un cono de deyección de agua, donde una riada causó ya la muerte de una persona en el año 1929. El pronunciamiento del tribunal sobre la admisión o no a trámite de la demanda se conocerá dentro de unos meses.

En 1999, la Audiencia Provincial de Huesca ratificó el sobreseimiento de las diligencias previas del caso, ordenado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Jaca. La Sala dio la razón a los argumentos de la Administración, tendentes a considerar la catástrofe como un fenómeno meteorológico extraordinario e imprevisible. El Tribunal Constitucional no admitió a trámite los recursos de amparo interpuestos por varios abogados de la acusación particular. Se agotó por lo tanto el proceso judicial en España sin acusados ni responsabilidades penales.

A día de hoy, ninguna víctima ha percibido ni un euro en concepto de indemnización, ya que sigue pendiente de fallo del litigio emprendido en la vía contencioso-administrativa ante la Sección Primera de la Audiencia Nacional.

En este tiempo, Sergio Murillo ha recibido las ayudas otorgadas por la Diputación General de Aragón (tres millones de pesetas por progenitor y dos por cada hermano). El Gobierno central, por su parte, le concedió cuatro millones de pesetas por sus padres muertos.

La familia Murillo-Saldías llegó al cámping el día anterior a la riada. El 7 de agosto el agua inundó su tienda y, para cuando quisieron buscar refugio, "una ola enorme nos arrastró a todos", recuerda Sergio. El joven permaneció hospitalizado cuatro días como consecuencia de contusiones múltiples. Sus tíos Carlos y Pilar lo acogieron en su casa como a un hijo. Él se refugió en los estudios. Los psicólogos apreciaron entereza y madurez. Cursó arquitectura en la Universidad de Navarra y ya tiene trabajo. Con el paso de los años la paciencia ante el proceso judicial se convirtió en enfado. "Te das cuenta de que hubo responsables que permitieron que se levantara un cámping donde nunca debió construirse, por omisión, por negligencia, por desidia, por lo que fuera, y quiero un pronunciamiento judicial que lo confirme", manifiesta el superviviente de la tragedia.