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Un delito contra la salud pública planea sobre el caso

María Fabra

La titular del Juzgado número 2 de Nules tiene como diligencias pendientes las declaraciones de la esposa de Carlos Fabra, Amparo Fernández, y de la ex esposa de Vicente Vilar, Monserrat Vives, imputadas también por un presunto delito de falsedad. Fabra sostuvo ayer ante la juez que el desconocimiento de las maniobras de la sociedad Artemis 2000 se debe a que es su esposa la socia de esta mercantil y que, debido a su separación de bienes, él ignora los movimientos de la empresa.

Sin embargo, la juez habrá de dilucidar también si admite la ampliación de la investigación a un supuesto delito contra la salud pública, tal como ha solicitado Virgilio Latorre, abogado que representa a la Unión de Consumidores (UCE) de la Comunidad Valenciana, personada en la causa como acusación particular.

Los argumentos de la organización para sostener esta ampliación se basa en que "el propio Vilar dijo que las impurezas de los productos que se habían alterado pueden crear metabolitos tóxicos para la salud". Latorre ha solicitado que esta causa abierta en el Juzgado número 2 se acumule a la que instruye el Juzgado número 1 de Nules, donde se investigan los presuntos delitos contra la Administración Pública y contra el fisco.

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