La Comunidad planea privatizar su empresa de informática

Una quincena de empleados de Informática y Comunicaciones de la Comunidad (ICM) -seis, fijos; el resto rota- mantienen un encierro en la sede del centro, en la calle de Embajadores, 181, desde hace una semana en protesta por el cambio de situación jurídica que el Gobierno planea dar a esta entidad, que gestiona los datos de todos los ciudadanos de la región que hayan hecho alguna gestión relacionada con el Ejecutivo excepto la sanidad. Los informáticos alertan de que los planes del Gobierno de Esperanza Aguirre (expresados en el anteproyecto de ley de medidas fiscales) pasan por privatizar el organismo para "evitar la fiscalización previa de 181 millones de euros, el presupuesto del ICM", según explicó ayer Vicente Miranzo, portavoz de los afectados y sindicalista de CC OO, que, a pesar del encierro, siguen trabajando. Esto es: el Gobierno quiere que haya menos control de lo que se hace en el organismo, según Miranzo, que alertó de posibles despidos (641 personas que forman parte del personal laboral de la Comunidad y que pueden pasar a pertenecer a una agencia) y de que toda la gestión de datos de ciudadanos puede acabar en manos privadas.

Los informáticos anuncian que continuarán con el encierro hasta que haya un cambio de actitud en el Ejecutivo autonómico. Éste canceló ayer, según Miranzo, una reunión prevista para hoy.