Recalificación del agua

Una concejal del PP de Alhama de Murcia, localidad de 17.000 habitantes de esa provincia, ha sido amenazada de expulsión por su partido por impedir con su voto que prosperase una propuesta de recalificación de terrenos del municipio para construir 60.000 viviendas y ocho campos de golf. Con independencia de otras consideraciones, la intención del Ayuntamiento incide en la polémica sobre los usos alternativos del agua, especialmente escasa en esa región, receptora de trasvases procedentes de otras comunidades.

La actitud de la concejal ha servido de momento para dar la voz de alarma y evitar que se consumen decisiones que una vez tomadas tienen difícil marcha atrás, como estos mismos días puede comprobarse en diferentes lugares de nuestro litoral. Si se realiza el proyecto que está detrás de la recalificación de estas 2.000 hectáreas, las viviendas de Alhama se multiplicarían por 12. ¿No sería preciso garantizar antes los servicios y comunicaciones para hacer frente a semejante bomba demográfica? Al margen de consideraciones ecológicas, que también hay que tener en cuenta, ¿no es una contradicción que el Gobierno de Murcia tache de "decretazo contra nuestra región" la limitación del trasvase del Tajo al Segura decidida por el Gobierno a finales de septiembre y avale ahora esta operación urbanística?

El presidente de la comunidad, Ramón Luis Valcárcel, exige que nadie diga a los murcianos el destino que tienen que dar al agua. "¿Por qué tiene que ser para regar lechugas y no para campos de golf?", ha preguntado. La cuestión no es tan evidente como parece. La Ley de Aguas establece una lógica jerarquía: no es lo mismo solicitar trasvases para cubrir necesidades de abastecimiento de la población que para otros usos. La Declaración Europea de la Nueva Cultura del Agua, firmada en febrero pasado en Madrid, estableció una escala de prioridades en la que los "usos recreativos" aparecen en sexto lugar.

Puede ser conveniente rentabilizar de manera más eficiente el agua disponible, pero ello no puede hacerse a la brava, mediante una recalificación de terrenos decidida por un Ayuntamiento con la convicción de que, una vez que el proyecto esté en marcha, la Administración garantizará el suministro. La actitud de la concejal obligará a que tal cosa no ocurra sin un debate público que considere todos los factores implicados.