El Gobierno reformará la ley para aplicar las incompatibilidades de ministros a los concejales

Administraciones Públicas incluyó la medida en un borrador de la ley especial de Madrid

El Gobierno extenderá el régimen de incompatibilidades de altos cargos de la Administración central a todos los concejales de España, de manera que no puedan trabajar durante los dos años posteriores a sus ceses como ediles en empresas de sectores sobre los que hubieran tomado decisiones en el desempeño de sus cargos. Hasta ahora, los concejales no estaban dentro de ese régimen legal, lo que permitió que, por ejemplo, el último concejal de Vivienda de Madrid, Sigfrido Herráez, del PP, se pusiera a trabajar en una inmobiliaria 10 días después de dimitir de su cargo.

El Ministerio de Administraciones Públicas envió hace días al Ayuntamiento de Madrid un borrador de la futura Ley de Capitalidad donde se incluía un artículo sobre las incompatibilidades de concejales y personal directivo de ese consistorio que establecía lo siguiente: "Durante los dos años siguientes a la finalización de su mandato, no podrán realizar actividades privadas con empresas que tengan o hayan tenido, en los cuatro años anteriores, cualquier tipo de relación contractual o relaciones económicas con ánimo de lucro". Eso implicaba que los concejales de Madrid serían los únicos de España con ese régimen de incompatibilidades tan exigente.

Ese artículo del borrador de la ley redactado por el Ministerio de Administraciones Públicas no aparece en el texto de la Carta Municipal de Barcelona, que recoge básicamente los mismos principios que inspiran la Ley de Capitalidad y que ya se está tramitando en el Congreso previo acuerdo en Cataluña de todos los partidos políticos, incluyendo el PP. Barcelona saca varios meses de ventaja a Madrid en la tramitación de una ley especial que recoja alguna de sus necesidades especiales.

Un portavoz del Ministerio de Administraciones Públicas aseguró ayer a EL PAÍS que el texto remitido al Ayuntamiento de Madrid será corregido para que no aparezca ese artículo. "En unos días, presentaremos una propuesta de modificación de la Ley de Bases de Régimen Local [que afecta a todos los ayuntamientos de España] que incluirá ese artículo sobre las incompatibilidades de los concejales".

Eso significa que, a partir de la aprobación de esa reforma legal, los concejales de los más de 8.000 municipios de toda España no podrán trabajar, tras cesar en su puesto público, en empresas con las que hayan tenido relación contractual o económica durante el desempeño de su cargo.

Esta modificación legal se ha impulsado tras el escándalo político suscitado en Madrid por el concejal de Vivienda del Ayuntamiento de la capital, Sigfrido Herráez, del PP. El pasado 26 de septiembre dimitió de su cargo y, sólo 10 días después, fichó como vicepresidente de la inmobiliaria Rayet, que tiene promociones de vivienda en los distritos madrileños de Vallecas y Villaverde, en terrenos sobre los que había tomado decisiones como concejal Sigfrido Herráez.

Cambiar la legislación

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, recordó que la actuación de Herráez al fichar por una empresa inmobiliaria era legal, aunque expresó su disgusto al conocer la noticia: "Lo que él me dijo cuando se fue del Ayuntamiento es que iba a ejercer como arquitecto fuera de Madrid, en otras ciudades. Lo que se ha publicado ahora es diferente a lo que él me dijo". Ruiz-Gallardón se mostró partidario de cambiar la ley estatal que regula las incompatibilidades de altos cargos: "Soy partidario de que se extienda a los ayuntamientos el régimen de incompatibilidades que rige en otras administraciones. No entiendo por qué tiene que ser diferente", señaló entonces.

En la Administración central y en la autonómica, los altos cargos que cesan en su puesto tienen que dejar pasar dos años antes de fichar por una empresa privada relacionada con el sector sobre el que tuvieron competencia.

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, recogió la reclamación de Ruiz-Gallardón, que también defendieron los portavoces del PSOE y de IU, aunque sólo la metió en el borrador de la Ley Especial de Madrid.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0023, 23 de noviembre de 2005.

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