Marbella calcula que reparar las anomalías urbanísticas cuesta 6.500 millones de euros

El nuevo Plan General de Ordenación Urbana que se está redactando con el objetivo de poner orden en el caos de Marbella recomienda una serie de operaciones para deshacer todas las irregularidades urbanísticas detectadas. El gobierno municipal de Marbella aún no ha decidido si acepta el Plan General propuesto, que implicaría un gasto de 6.500 millones de euros en indemnizaciones a los beneficiarios de convenios urbanísticos que habría que anular, a dueños de viviendas alegales que habría que derribar (30.000 levantadas con un millar de licencias ilegales) y en compensar a propietarios de suelo que deberían ser expropiados.

La ciudad tiene en la actualidad 80.000 viviendas y 122.500 habitantes. Durante el mandato del fallecido Jesús Gil y Gil (entre 1991 y 2002), Marbella creció con actuaciones urbanísticas que, en su mayoría, no se amparaban en el Plan General vigente, de 1986. Como Gil no logró aprobar un Plan General nuevo, muchos de los convenios urbanísticos que firmó quedaron en una situación de alegalidad que ahora pretenden solventar los redactores del nuevo Plan General de Marbella.

El nuevo documento propone la recalificación de 3.661 hectáreas de las 12.000 que tiene la localidad para levantar 50.000 viviendas (unos 150.000 nuevos vecinos) en los próximos 15 años. Esa previsión de crecimiento residencial supone el doble de las necesidades previstas por la proyección más optimista del Instituto Nacional de Estadística para Marbella.

El coordinador para el Plan General de Marbella, Arturo Moya, aseguró ayer en conferencia de prensa que deshacer todas las irregularidades cometidas en el municipio por los distintos gobiernos del GIL siguiendo los consejos de los redactores del nuevo Plan costaría al Ayuntamiento una cifra superior a los 12.000 millones de euros en concepto de indemnizaciones y compra de suelo. "Dos billones de las antiguas pesetas", dijo Moya, "que añadió una cifra de vértigo"

Cuando detalló la cuenta a EL PAÍS rebajó la cifra a cerca de 6.500 millones de euros: "Anular los convenios puede suponer una cifra superior a los 360 millones de euros", explica Moya. El resto, hasta los 6.500 millones, correspondería al derribo de las 30.000 viviendas alegales levantadas desde 1968 a ahora -la indemnización a sus propietarios alcanzaría 5.400 millones de euros-; y a las compensaciones (cerca de 690 millones de euros) a propietarios de terrenos de suelo urbanizables (69 hectáreas) que pasarían a ser propiedad del Ayuntamiento para sistemas generales de áreas libres (suelo público para parques, calles y distintos equipamientos).

Pesada losa económica

Esa cantidad supondría, según Arturo Moya, una "pesada losa económica" para el municipio habida cuenta de la crítica situación por la que atraviesan las arcas municipales. En cualquier caso, consideró que deben ser legalizadas el 100% de las viviendas irregulares, y no sólo el 85% como recoge el avance del Plan General elaborado por el arquitecto Manuel González Fustegueras, una postura que ya defendió en el pasado la alcaldesa, Marisol Yagüe. "La responsabilidad de lo ocurrido es tanto del Ayuntamiento como de la Junta, uno por acción y el otro por omisión", subrayó Moya.

El coordinador también considera muy difícil que el Ayuntamiento, con sus fondos, pueda compensar a todos los propietarios de viviendas o suelo afectados por las medidas propuestas en el nuevo Plan. "Tampoco hay que frivolizar con la demolición de viviendas ilegales, porque esas viviendas han sido compradas de buena fe y en su adquisición más de 100.000 millones de pesetas han ido a las arcas del Estado y la Junta".

Moya reconoció que "no es fácil" encontrar una solución a la situación urbanística de Marbella, y que, en cualquier caso, ésta la deben dar los redactores del nuevo Plan General. "Si no las daremos nosotros", apuntó Moya, que sin embargo pidió "armonía" entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para buscar soluciones "solidariamente". No obstante, admitió que los promotores que actuaron de mala fe "tendrán que compensar por los daños causados". La propuesta del futuro urbanístico de Marbella ha sido sometida a información pública y ha recibido 2.560 alegaciones de los vecinos.

"Marbella ha hablado. Las sugerencias planteadas han enriquecido el avance y sin duda lo transformará en un documento realista que responda a las necesidades de ciudadanos, empresarios, organizaciones, propietarios y partidos políticos. Armonizar estos intereses es el reto que ahora tiene el equipo redactor", dijo Arturo Moya, que señaló a modo de advertencia que el nuevo documento será sometido a aprobación inicial por parte del Ayuntamiento marbellí "siempre que resulte conforme a los intereses de la ciudad".