Europa recomienda al Consell la paralización de todos los PAI que reclasifiquen suelo no urbanizable

El informe Fourtou, aprobado ayer en Bruselas de forma mayoritaria por el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, solicita a la Generalitat que suspenda la tramitación y aprobación de los PAI -Planes de Actuación Integrada- que reclasifiquen suelo no urbanizable en tanto no entre en vigor la nueva legislación urbanística. Esta solicitud afectaría a los planes de nueva formulación como los que se encuentren en tramitación.

La moratoria solicitada vía enmienda por el diputado laborista Michael Cashman y por el parlamentario verde David Hammerstein, se acotó con una enmienda transaccional presentada por los socialistas europeos, donde se pedía la suspensión de los PAI que reclasifican suelo. Todos los grupos, salvo el PP, votaron a favor de la nueva propuesta. Un portavoz de la consejería de Territorio manifestaba anoche su satisfacción con el informe porque suponía en la práctica "la defunción" de la LRAU, pero recordaba que este departamento estaba en contra de la suspensión de los PAI.

El informe, aunque no es vinculante, se discutirá y se votará en el pleno del Parlamento Europeo convocado para mediados del próximo mes de diciembre.

El documento tiene su origen en la visita el pasado junio de una delegación de eurodiputados del Comité de Peticiones a la Comunidad Valenciana, después de que a Bruselas llegaran unas 15.000 denuncias sobre supuestos abusos cometidos al amparo de la LRAU en vigor. La europarlamentaria Janelly Fourtou fue encargada por el Comité de Peticiones de redactar un informe sobre la situación del urbanismo valenciano que, tras su aprobación ayer, se elevará a la Eurocámara.Antes de la votación del documento, al que se han presentado un total de 56 enmiendas, intervino un representante de la Comisión Europea, que reiteró que el proyecto de Ley Urbanística Valenciana (LUV) incumple la legislación comunitaria en materia de contratación pública, y anunció que seguirá adelante con el expediente de infracción abierto contra España por este motivo a no ser que el borrador se modifique durante su tramitación en las Cortes valencianas. "Sobre el proyecto de LUV nuestro servicio sigue pensando que este texto no resuelve las infracciones que se habían detectado en la anterior ley -la actual Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU)- y por lo tanto considera oportuno continuar con el procedimiento", dijo Flor Castilla Contreras, representante del departamento de Mercado Interior del Ejecutivo comunitario, durante una comparecencia ante la comisión de Peticiones.

Además de la suspensión de los PAI, el informe incorpora la necesidad de que se defina de forma más clara el concepto de "interés público" en la futura legislación urbanística valenciana para evitar que se realicen expropiaciones en nombre de intereses privados. También reclama el documento que se establezcan criterios vinculantes para el cálculo de las indemnizaciones por la expropiación de terrenos afectados por un PAI y la creación de oficinas de reclamación en los municipios y en la propia Generalitat, donde los afectados por la LRAU reciban asistencia administrativa de cara a posibles recursos judiciales. Finalmente, se sugiere a los ciudadanos que consideran vulnerados sus derechos fundamentales que lleven sus contenciosos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Los eurodiputados constatan además -así lo recoge el informe- que durante los últimos tres años se han incrementado de forma notable las denuncias por abusos urbanísticos y alientan a la Comunidad Valenciana a que resuelva la cuestión con más diligencia que hasta ahora.

En el texto aprobado también se considera que la falta de transparencia y de criterios claros supone que los procedimientos de adjudicación de contratos no son conformes con el derecho comunitario. El número de casos en que se constata la existencia de corrupción pone de manifiesto las deficiencias de la ley y su aplicación, dice el informe.

El portavoz adjunto del PP en las Cortes, Rafael Maluenda, que asistió a la reunión del comité, dijo que la decisión del Parlamento Europeo es un "un duro varapalo a la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) socialista y certifica su defunción, al dar la razón al Consell y reconocer la necesidad de promulgar una nueva ley que defienda los derechos de los pequeños propietarios, tal y como se hace en la LUV que ahora se encuentra en tramitación en las Cortes Valencianas".

El consejero de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, se mostró, unas horas antes de debatirse y aprobarse el informe, en contra de una moratoria urbanística en la Comunidad Valenciana. Según Blasco, esta medida "tendría unos efectos catastróficos desde el punto de vista del crecimiento económico y la generación de puestos de trabajo".

El eurodiputado socialista Joan Calabuig destacó la aprobación del informe pese a las resistencias del PP y valoraba la enmienda transaccional defendida por su grupo donde se acotaba la moratoria, ya que, según dijo, existen planes urbanísticos dentro de ordenación que no tienen por qué suspenderse.

El diputado verde David Hammerstein señaló tras la reunión que el comité avaló ayer la mayor parte de las enmiendas presentadas por el grupo Los Verdes/ ALE, en lo referente a la proposición de una moratoria, a la definición de interés público de cualquier tipo de urbanización o el cumplimiento de la directiva marco del agua.

La intervención del diputado del PP Rafael Maluenda en la comisión motivó la puntualización del socialista Calabuig, que matizó que Maluenda hablaba en nombre del PP y no en representación de las Cortes Valencianas.