Un invento

Del proyecto de reforma del Estatuto catalán podrán decirse muchas cosas, pero no la que se ha inventado el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco José Hernando: que fractura la jurisdicción penal en España, propiciando que un mismo hecho pueda ser delito en una comunidad autónoma y no serlo en otra. Para que sucediera lo que señala Hernando debería darse al menos uno de estos dos supuestos: que el Código Penal dejara de ser común para todos o que el Tribunal Supremo no tuviera la última palabra sobre los criterios con que dicho Código Penal debe ser aplicado por los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas, Cataluña incluida.

De dónde se ha sacado Hernando que estos supuestos están contemplados en el proyecto de Estatuto catalán es un misterio que haría bien en desvelar. Del primero no hay rastro en el proyecto de Estatuto, y el segundo está explícitamente descartado al establecer (artículo 95.2) que las sucesivas instancias de procesos judiciales iniciados en Cataluña se agotan ante los tribunales situados en ese territorio, "sin perjuicio del recurso para la unificación de doctrina que establezca la ley de competencia del Tribunal Supremo". Lo que debería preocupar a Hernando es que el Supremo que él preside mantenga una doctrina jurisprudencial coherente y no suceda que una misma prueba -la de ADN obtenida de un esputo- sea rechazada por una sala y aceptada por otra, con el efecto de condena y absolución.

Lo más asombroso es que Hernando señale como una amenaza lo que el órgano que preside ha dado por bueno. El CGPJ, con el apoyo de sus vocales conservadores y progresistas, informó favorablemente, con algunos reparos técnicos, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que transforma el tradicional recurso de casación en el llamado recurso de unificación de doctrina para mejor ajustarlo a la función del Supremo, a la de los tribunales superiores como última instancia judicial en sus respectivos territorios y, en último término, a la propia organización de la justicia penal. En este punto el proyecto de Estatuto no va más allá de lo previsto en la ley básica del Estado. ¿A qué viene entonces este tremendismo de insistir falsamente en la ruptura de la unidad de jurisdicción en España y en que estamos abocados a códigos penales distintos en las diversas comunidades?

Ese discurso lo mantiene el Partido Popular tanto frente al proyecto estatutario como frente a las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial. No es de extrañar, pues, que se reproche a Hernando estar al servicio de ese discurso diciendo lo que dice. Y al órgano que preside, dominado por una mayoría conservadora afín al PP, de ser la correa de transmisión de ese partido al decidir por libre elaborar un informe sobre el proyecto de Estatuto catalán que nadie le ha pedido y que no servirá sino para sembrar más confusión.