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Editorial:

Alrededores de ETA

El juicio contra 56 miembros de organizaciones del entorno de ETA iniciado ayer en Madrid, y que se prolongará durante al menos cuatro meses, pondrá a prueba la tesis del juez Garzón según la cual esa organización no sólo está compuesta por los que realizan los atentados, sino también por un entramado de organizaciones legales o alegales que funcionan como un todo. Los procesados lo son por los supuestos delitos de integración o colaboración con organización terrorista.

La investigación de Garzón, que ya sirvió para la suspensión judicial de actividades de Batasuna en 2002, viene a sostener que ETA creó en su momento un organismo denominado KAS (siglas de Koordinadora Abertzale Sozialista), encargado de coordinar, bajo la dirección de la organización armada, las actuaciones de los distintos frentes: político, informativo, cultural, económico, etcétera. Una parte (no todos) de los miembros de esas organizaciones actuarían como delegados (o comisarios políticos) de ETA en ellas. Ekin, a la que pertenecerían varios de los procesados, sería la prolongación con otro nombre de KAS. De las decenas de actas de reuniones de esa coordinadora incautadas por la policía se desprende que todos los organismos en ella representados tienen voz, pero la última palabra la tiene ETA como "vanguardia" del entramado.

A los acusados les asiste la presunción de inocencia, por supuesto, pero en absoluto puede considerarse, como pretenden sus protectores, que se trate de un proceso en el que se juzga la ideología de esas personas. Lo que se juzga, tras años de investigación, es su vinculación con una organización terrorista, aunque no hayan empuñado las armas. La idea de que lo único que hay detrás de los 200.000 folios del sumario es el "impulso político" del Gobierno para "criminalizar al independentismo vasco" es una falacia, como lo demuestra la existencia de organizaciones independentistas, no vinculadas a ETA, perfectamente legales.

Los mismos que denuncian ese supuesto "impulso político" como prueba de la falta de independencia de los jueces exigen ahora al Gobierno que intervenga para que el sumario sea archivado. El argumento es que una condena podría tener efectos negativos para el proceso de pacificación. También se argumentó en su momento que la ilegalización de Batasuna reforzaría a los sectores más intransigentes, y ocurrió lo contrario. De acuerdo con la declaración aprobada por el Congreso, podrá haber diálogo (sin descartar eventuales medidas de gracia) tras el compromiso de cese definitivo de la violencia. Pero no antes, y mucho menos antes de que actúe la justicia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 22 de noviembre de 2005