Los obispos relevan esta semana a su gestor financiero de los últimos 28 años

La Conferencia Episcopal Española (CEE) celebra entre hoy y el viernes asamblea general, la primera desde la renovación de cargos que alejó del liderazgo al cardenal Antonio María Rouco, sustituido por el prelado de Bilbao, Ricardo Blázquez. Fue el pasado mes de marzo. Desde entonces, la jerarquía ha vivido serios enfrentamientos con el Gobierno socialista y muchos obispos han salido a la calle en manifestación. Hay curiosidad por conocer la opinión de Blázquez, que no acudió a ninguna de esas marchas. Hoy pronuncia su primer discurso ante el plenario episcopal.

Pero no todo será política o análisis de la delicada situación que vive esta iglesia en España. Los obispos también hablarán de dinero. Aprobarán sus presupuestos para 2006 y van a decidir quién será el sustituto de Bernardo Herráez Rubio al frente de las finanzas. Este monseñor es el responsable de los asuntos económicos episcopales desde 1977.

Cada año, la CEE envía a Roma un óbolo -unos 18.000 euros- con cargo al único presupuesto público de la Iglesia católica, el de la propia CEE. Esa escueta generosidad de los obispos con el Romano Pontífice simboliza el funcionamiento centralizado de esta religión y contrasta con la dispersión con que funciona su economía de ingresos y gastos.

Cuando la agenda de las reuniones episcopales anuncia que los obispos estudian este lunes "

los presupuestos de la Iglesia para el año 2006", en la realidad ese presupuesto -144 millones de euros en 2006- no sirve sino para pagar los sueldos de los propios obispos y la nómina de sus sacerdotes diocesanos, más los gastos de personal y funcionamiento de la propia CEE.

El paraíso fiscal

Las diferentes administraciones del Estado -central, autonómico o municipal- aportan a la Iglesia varios miles de millones más por múltiples caminos, entre los cuales tiene especial relevancia la ventajosa relación de la Iglesia católica con el Estado en el campo de la fiscalidad.

La Iglesia católica está exenta de los impuestos principales: IVA, impuesto de bienes inmuebles (IBI), el de sociedades, el de transmisiones o el de actos jurídicos documentados. Cuando se hace la suma global de lo que aporta, aquí y allá, el Estado a las arcas católicas, nadie puede calcular lo que habría que añadir por esa situación de paraíso fiscal. Algunos expertos señalan esta cifra: otros 2.000 millones.

De estas ventajas fiscales no se benefician las otras religiones que gozan en España de la calificación de "notorio arraigo" -protestantismo, judaísmo e islamismo-, que también han firmado convenios de colaboración con el Estado español. Eso quiere decir, por ejemplo, que si un rabino, un pastor o un imán construyen su vivienda en un municipio, deberán pagar, lógicamente, la licencia de obras al Ayuntamiento, de la que, en cambio, está exento el sacerdote para su casa, rectoral o no.