Una reforma para fortalecer España

Finalizado el debate sobre el Estado de las autonomías en el Senado, es hora de hacer un balance y sacar conclusiones útiles. Tres días de intensas discusiones y exposiciones han revelado un retrato nítido y auténtico del estado de salud de nuestra estructura territorial, de sus virtudes, sus necesidades y sus problemas. Nada ha quedado oculto, ni desde la óptica de las comunidades autónomas ni desde la del Estado.

La primera conclusión es de normalidad democrática. Todo, absolutamente todo, se puede, y debe, debatir en las instituciones democráticas. Allí se expusieron las posturas más diversas, incluso contrarias en algunos casos, firmemente, con convicción, pero sin estridencias ni salidas de tono relevantes. Y de esa normalidad democrática cabe concluir que nuestro sistema democrático, y también el autonómico, es fuerte y sabe responder a las situaciones y a los problemas que se le plantean, por complejos que sean.

El debate ha puesto sobre el tapete los problemas de nuestro sistema autonómico

Quedan por tanto fuera de lugar los temores y riesgos sobre el futuro de España y del Estado de las autonomías que, con cierto tono dramático, a veces se expanden sin justificación real. Quienes esto hacen, tras el debate, debieran reflexionar ante la realidad expuesta en el debate de lo que es España. Y los ciudadanos deben saberlo, deben reafirmar su confianza en las instituciones, y tomar buena nota de lo que representa la diversidad en la unidad.

La segunda, que nuestro Estado de las autonomías tiene un grado de consolidación fortísimo. Todos los presidentes de las comunidades autónomas estuvieron a la altura de su responsabilidad, expusieron con firmeza la situación de cada comunidad en la España actual, sus éxitos, sus problemas, sus necesidades, y también su visión de las relaciones de las comunidades con las instituciones del Estado. Remarcando, todos, su lealtad al mismo y al futuro de nuestro país. Sólo por estas razones el debate no sólo ha merecido la pena, sino que ha supuesto un punto y aparte a unos tiempos, muy recientes, en los que se ha generado un clima de desconfianza sobre la capacidad de nuestro sistema autonómico de resolver sus propios problemas.

Porque, y en tercer lugar, el debate del Senado ha puesto sobre el tapete los diversos y complejos problemas de nuestro sistema autonómico, de los que todos tomamos buena nota. Y en uno de ellos me quiero centrar. Lógicamente, en la necesidad de reformar con cierta profundidad el propio Senado, que finalmente quedó como una de las resoluciones aprobadas al finalizar el debate.

En este último año y medio, las comunidades autónomas han tenido una presencia continua en el Senado. En la Comisión General, en la Conferencia de Presidentes y en el propio debate, durante tres días en este caso. Hasta tal punto que, como decía algún presidente, casi le consideran "su" Senado. Y es que debe ser así. En él se sienten cómodos, pueden exponer sus criterios, contrastarlos con los de los demás presidentes y con los del Gobierno de España y su presidente, y encauzar las soluciones necesarias. En definitiva, se ha convertido, sin mayor esfuerzo pero por voluntad de todos, en el cauce de más alto nivel de participación autonómica en las tareas y proyectos estatales y en instrumento de articulación territorial de España.

Pero también han quedado explícitas, de nuevo, las insuficiencias del Senado, en su conformación actual, para cumplir en plenitud el mandato constitucional de ser Cámara de representación territorial. Para ser más exactos, han quedado explícitas sus potencialidades y sus defectos actuales. La inmensa mayoría de los presidentes autonómicos, y el del Gobierno de España, así lo manifestaron; y apoyaron con firmeza la necesidad de dar un salto adelante y abordar cuanto antes su reforma en esa dirección.

Pero incluso aquellos que se manifestaron de forma más tibia e incluso poco entusiasta sobre la reforma, no pudieron evitar en sus exposiciones la necesidad de este tipo de debates y el reconocimiento del Senado como su lugar apropiado. Exigieron más participación y más integración, más transparencia en las cuestiones autonómicas, más decisiones comunes, más eficacia. Pues para esto es para lo que debemos reformar el Senado.

Si se plantea la necesidad de más cauces de participación de las instituciones territoriales en el Estado, más integración territorial, más coordinación en las políticas públicas, más claridad en el sistema de financiación, más debate y decisiones sobre todo ello, más fortaleza de las instituciones estatales, si todo ello es fundamental y prioritario, no puede negarse la necesidad de abordar la reforma del Senado en esa dirección, salvo que caigamos en una profunda contradicción. Y aunque para ello haya que renunciar a intereses políticos que, aunque legítimos, deben subordinarse a un interés superior.

Fortalecer el carácter territorial del Senado no supone, además, un debilitamiento del Estado, sino exactamente lo contrario. Las decisiones del futuro Senado en materia territorial serán más fuertes y sólidas porque son comunes de todos, serán más eficaces porque son fruto del compromiso territorial, no de decisiones unilaterales, y serán por ello mejor aceptadas por los ciudadanos.

Por tanto, no debemos estar temerosos ante la reforma. Si somos críticos con la realidad, si vemos las insuficiencias, si deseamos la mejora y perfeccionamiento de las instituciones, no debemos temer entrar a debatir sus posibles soluciones. Porque con la reforma del Senado, España estará más compacta, siendo todos más cómplices en las decisiones que vayamos a tomar, teniendo siempre presente el interés general, que no es otro que el todos los españoles.

Javier Rojo es presidente del Senado.