El precio del progreso chino

Durante las reuniones del foro de Cooperación Económica para Asia-Pacífico (APEC en sus siglas en inglés), que desde el pasado sábado y hasta mañana, se celebran en Busan (Corea del Sur), los países miembros han recriminado a China el imparable aumento de su superávit comercial. Según el comité económico de APEC, este año crecerá un 50% -el doble que en 2004-, y se situará en 48.000 millones de dólares. EE UU está preocupado por este fenómeno desde hace tiempo. Su déficit con la potencia asiática no deja de crecer -en 2005 superará los 200.000 millones de dólares- y ha pedido repetidas veces a Pekín que tome medidas para detener esta tendencia. George W. Bush lo volverá a pedir durante la visita de dos días que mañana inicia a China, porque quiere que Pekín ponga fin a determinados subsidios, controle la piratería y aprecie su moneda.

Bush lleva estos temas en la agenda, como también lleva los derechos humanos y la falta de libertad religiosa. Pero lo que no ha trascendido es si abordará una situación, que, según algunas organizaciones internacionales, es uno de los factores que ha contribuido al rápido crecimiento de la economía china: la falta de derechos laborales. El 50% de las exportaciones chinas procede de empresas con capital extranjero.

Jornadas de 15 horas, semanas de siete días de trabajo, obligación de hacer horas extra, bajos salarios, sueldos no pagados, condiciones insalubres, prohibición de hablar, vigilancia con cámaras, alojamiento en dormitorios atestados, documentos retenidos o limitación del número de veces que se puede ir al servicio son corrientes en China, especialmente entre los 140 millones de emigrantes que han dejado la pobreza de las zonas rurales para trabajar en los núcleos industriales costeros. Pekín prohíbe los sindicatos independientes.

"En general, las condiciones son muy malas. China tiene una buena ley laboral, pero no se aplica. Si se mejoraran las condiciones y los trabajadores tuvieran todos los derechos que estipula la ley, los costes crecerían y empresas que ahora fabrican en China quizá se irían a otros países, como Vietnam o Bangladesh, lo que disminuiría el crecimiento de la economía", asegura Robert J. Rosoff, director de China Working Group, una agrupación estadounidense integrada por ONG y empresas.

La Administración Estatal de Seguridad en el Trabajo china desveló este verano que anualmente mueren 15.000 personas en accidentes industriales, lo que, según la agencia oficial de noticias Xinhua, causará este año unas pérdidas de 100.000 millones de yuanes (10.500 millones de euros).

El problema es muy grave en las minas, donde en 2004 fallecieron más de 6.000 personas en accidentes, según el Gobierno, debido a la falta de medidas de seguridad. Expertos independientes consideran que la cifra real es mucho mayor -hasta 20.000-, ya que los dueños de muchas explotaciones ilegales ocultan los siniestros. China sufre una grave escasez de energía eléctrica, que procede en un 70% del carbón, por lo que necesita todo el mineral negro que pueda producir. Resultado: en las extracciones trabajan a destajo, con la consiguiente merma de seguridad. En un intento por poner fin a esta macabra cifra, el Gobierno está reforzando los controles y ha ordenado el cierre de más de 4.000 yacimientos antes de fin de año.

"El problema es que Pekín está consagrado a una política de crecimiento económico, independientemente del coste humano. Además, tiene una oferta abundante de trabajadores, cuyos salarios son mantenidos artificialmente bajos mediante políticas represivas. En un sistema donde las vidas son tan baratas, se pueden obtener muchos beneficios", escribía hace unos meses, Li Qiang, director de la organización estadounidense China Labour Watch.

Pero la cuestión no suele ocupar un lugar destacado en las agendas internacionales. "China es un gran mercado, y, probablemente, la principal razón de que hayan invertido allí tantas empresas extranjeras es su mano de obra barata sin sindicatos. Los derechos laborales en EE UU no ocupan una posición destacada en la agenda de Bush, así que mucho menos la ocupan los derechos de los trabajadores chinos", afirma Robin Munro, director de investigación de China Labour Bulletin, una organización sita en Hong Kong.