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Peralta pide a Cabedo que persiga a quienes injurien al Consell

El fiscal jefe recordó que las posibilidades de actuar están en el Código Penal vigente

Miguel Peralta, consejero de Justicia, acudió ayer al despacho del Fiscal Jefe, Ricard Cabedo, para trasladarle "la inquietud del presidente de que puedan quedar impunes injurias o calumnias a miembros del Gobierno". Peralta, que puso como ejemplo las acusaciones del ex delegado del Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) en Miami, José Marquina, de coacciones para realizar facturas falsas, anunció que comunicará hechos similares a la Fiscalía. Cabedo recordó que las posibilidades de actuación están recogidas en el artículo 215 del Código Penal, vigente desde hace más de un año.

Peralta: "La Fiscalía no es como los jueces, no es independiente, depende del Gobierno"

Durante escasos 15 minutos se reunieron ayer el fiscal jefe, Ricard Cabedo, y el consejero de Justicia, Miguel Peralta. Al final, por separado, cada uno explicó el contenido de una cita solicitada con urgencia por Peralta el pasado lunes. Lo hizo tras las acusaciones públicas hechas por José Marquina, ex delegado del Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) en Miami, contra cargos de la Generalitat de coacciones para falsear facturas que permitieron desviar dinero a paraísos fiscales y así pagar supuestamente en negro los servicios del cantante Julio Iglesias como imagen de la Comunidad Valenciana más allá de las cantidades recogidas en el contrato. Hechos que desde septiembre están en manos de un juez de Valencia. Pero ayer, Peralta no habló de Marquina. Así lo afirmaron tanto el consejero (quien dijo que "el Marquina éste" es sólo un ejemplo) como el fiscal jefe.

Peralta explicó que le había trasladado al fiscal jefe "la inquietud del presidente en tanto que puedan quedar impunes acusaciones de delitos de corrupción a políticos del Gobierno". Y agregó que se había "arbitrado por parte de la Generalitat un mecanismo para trasladar a la fiscalía episodios de acusaciones injuriosas o calumniosas contra políticos como al parecer ya hace otra administración del Estado". Según Peralta, "nada" le hacía pensar que "el fiscal no fuese a actuar de oficio si así fuera necesario" como para ir a llamar su atención. Pero apostilló: "Este tipo de cosas no se persiguen de oficio porque la Fiscalía tiene mucho trabajo y es necesario un previo aviso". Sobre ese "aviso", quiso despejar cualquier equiparación con una "injerencia", aunque dejó claro que "la fiscalía no es como los jueces, no es un poder independiente, depende del Gobierno, aunque no sea del autonómico". Peralta afirmó que la Fiscalía "también tiene que salvaguardar el interés público". Horas después, el vicepresidente, Víctor Campos, sí afirmó que la intención del encuentro había sido pedirle a Cabedo "que preste toda la atención posible". Y añadió: "Sin que tengamos nada que reprochar".

Cabedo no entendió que desde ayer se instaurara novedad alguna en la relación entre el ministerio público y el Consell. Aseguró que Peralta no se refirió en la reunión a nadie en concreto como autor de "injurias o calumnias", que el consejero le transmitió "la denigración continua a la que a veces se ven sometidos los políticos", y a su juicio, el artículo 215 del código Penal recoge las posibilidades de actuar en los casos supuestos por Peralta, desde septiembre de 2004. El artículo establece: "Nadie será penado por calumnia o injuria sino en virtud de querella de la persona ofendida por el delito o de su representante legal. Se procederá de oficio cuando la ofensa se dirija contra funcionario público, autoridad o agente de la misma sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos". Cabedo en varias ocasiones ha actuado en función de ese artículo. Y recordó un episodio de un funcionario de la Agencia Tributaria al que un inspeccionado injurió y que se le comunicó. Pero no reconoció un mecanismo específico al efecto. Cabedo calificó de "error" que Peralta entendiera que la Fiscalía depende del Gobierno.

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