Cerca del 70% de las prostitutas que ejercen en Barcelona son extranjeras

Cerca del 70% de las prostitutas que ejercen en Barcelona en la calle, locales de alterne o pisos son extranjeras, según un estudio presentado ayer por el Observatorio del Sistema Penal y de Derechos Humanos. Y esta realidad que no es ajena al incremento de la conflictividad de la prostitución callejera. El mismo estudio alerta del riesgo de criminalizar a las trabajadoras con la nueva ordenanza municipal y apuesta por la zonificación.

Lo que es evidente dando un vistazo a la prostitución localizada, por ejemplo, en la calle de Robadors o de Joaquim Costa y la Ronda de Sant Pau, donde la concentración de mujeres extranjeras es prácticamente total y han desaparecido las autóctonas, lo confirma un estudio de la entidad Ámbit Dona en Ciutat Vella, la zona de Les Corts y la de la calle de Wellinghton. De acuerdo con él, casi el 30% proceden de Ámerica Latina; el 19%, del África subsahariana; el 13,6%, de países del este de Europa, y el 5,3%, del Magreb. Las que integran el restante 30% son españolas. Ese colectivo es, además, el que sufre más las consecuencias de la explotación y de las redes organizadas. Y de acuerdo con el estudio, que refleja la opinión de plataformas que representan al colectivo de trabajadoras sexuales, serían las más perjudicadas por una nomativa que las expulse de la calle y las obligue a ejercer en locales.

El trabajo, que fue presentado ayer, se refería también a las dos normativas, la del Departamento de Interior, en fase de estudio, y la ordenanza del Ayuntamiento de Barcelona, que se inclinan por la prohibición de la prostitución callejera y la que se realiza en las carreteras. Asimismo destaca las quejas y críticas de las prostitutas por la presión de las patrullas de los Mossos que piden la identificación de los clientes y las multas que en el caso de Barcelona impone la Guardia Urbana. Estas sanciones, de 150 euros, se imponen "por ejercer una demanda insistente en la vía pública molestando a los vecinos", según señalaron fuentes municipales.

El colectivo se opone a la ordenanza porque cree que establecer sanciones -si se produce una ocupación masiva del espacio público o si se negocia a menos de 200 metros de las escuelas, como establece la ordenanza- sólo perjudica a las que están en peor situación y las obliga a desplazarse a otra parte. En ese sentido, el estudio del observatorio apunta que la zonificación puede ser la mejor salida para el conflicto. Es decir, establecer zonas determinadas donde se pueda ejercer la prostitución en la calle. Incluso se refiere a una propuesta de la regiduría de Mujer y Derechos Civiles del Ayuntamiento, que señaló como posible ubicación una "zona del puerto de Barcelona cercana a las Drassanes".

Precisamente en torno a esa cuestión mantuvieron ayer una reunión representantes de asociaciones de prostitutas con Assumpta Escarp, concejal de Derechos Civiles del Ayuntamiento de Barcelona. Fue un encuentro en el que la edil manifestó el compromiso de la Administración para estudiar las alegaciones que se presenten y en el que las cinco trabajadoras del sexo plantearon sus quejas porque consideran que la ordenanza "penaliza" la prostitución en la calle.

También en relación con la ordenaza, Xavier Trias, presidente de CiU en el consistorio, advirtió de que su formación no votará el texto si no garantiza que lo que establece se pueda cumplir.