¿Ordenar la convivencia?

¿Es necesaria una nueva ordenanza municipal para garantizar la convivencia ciudadana en Barcelona? En caso de serlo, ¿es adecuado el planteamiento que hace al respecto el proyecto de ordenanza aprobado por el consistorio hace unos días? Éstas son las principales preguntas que creo que están planteadas en relación con el debate público que se ha iniciado tras hacerse público el proyecto de ordenanza que, de no alterarse el calendario previsto, debe aprobarse a finales de diciembre para entrar en vigor el 1 de enero. Recordemos, además, que todo ello viene a cuento tras el intenso tratamiento mediático que ha tenido el tema del incivismo en la ciudad en los últimos meses y tras el pleno promovido por la oposición al tripartito municipal. La primera cuestión tiene diversas ramificaciones. Por una parte, no está claro que sea necesaria una nueva ordenanza de 100 artículos y diversas disposiciones transitorias y finales, cuando ya existen y son plenamente vigentes otras disposiciones que regulan el uso de las vías y los espacios públicos, la contaminación acústica, etcétera. A pesar de todo, la ordenanza recoge aspectos y conductas que hasta ahora no habían sido recogidos normativamente o, que de haberlo sido, estaban insuficientemente tratados o tenían una aplicación, seguimiento y sanción que los hacía poco eficaces. Desde este punto de vista, sería justificable avanzar en una nueva regulación al constatarse la existencia de problemas que se han desarrollado y agravado en los últimos meses, y que requerirían una mejor respuesta de los poderes públicos para asegurar la convivencia en caso de conflicto entre derechos o abuso de los mismos.

Pero si aceptamos la conveniencia de mejorar la normativa existente, lo que sigue sin estar nada claro es que la manera idónea de conseguir una mejora de la convivencia sea a través de una normativa que lo que básicamente hace es tipificar faltas y establecer sanciones, fijándose sólo en una parte de los problemas y dejando en el tintero muchos aspectos sustanciales. Uno diría que se trata más bien de una visión reactiva y reduccionista que confunde la parte (las conductas incívicas) con el todo (las bases fundamentales de la convivencia en la ciudad). No creo que se parta de un buen diagnóstico. En el largo preámbulo de la extensa ordenanza, se destacan dos causas que afectan a la convivencia y al civismo: la mezcla de poblaciones procedentes de culturas diversas, provocada por la gran movilidad y la globalización económica, y la pérdida de normas culturales propias, que deja sin sentido muchas de las acciones que ciertos individuos realizan, ya que su falta de pertenencia a una comunidad diluye su sentido de convivencia, les deja sin límites claros con relación a lo que pueden o no hacer. Dicho de una manera más simple: inmigración e individualización. Como vemos, dos elementos de rango diverso que, de caracterizarse como problema (como se insinúa), requieren instrumentos de respuesta de calibre diferenciado. Pero luego se insiste en que de esas dos grandes transformaciones se derivan cambios en los comportamientos sociales, y ahí es donde duele: los turistas; la aparición (sic) de redes de mendicidad, venta ambulante y prostitución; el mal uso del espacio y mobiliario público, y otras conductas de origen disperso que perturban el disfrute del espacio público. Estemos o no de acuerdo con el diagnóstico, lo preocupante es el salto que luego se hace afirmando que con la nueva ordenanza se tratará de "erradicar todas aquellas conductas que puedan perturbar la convivencia y minimizar los comportamientos incívicos". Y cuando uno busca cómo se llega a ese loable objetivo, se encuentra con temas como mendicidad, gente sin techo, venta ambulante y prostitución, y usos alternativos y no convencionales de los espacios públicos. Ni una palabra sobre comportamientos de mobbing inmobiliario por el encarecimiento del precio del suelo. Ningún comentario sobre el uso abusivo del espacio público por parte de los automóviles. Y tampoco sobre los problemas generados por la precariedad laboral y sus efectos en la falta de articulación social y comunitaria. Se me puede argumentar que la ordenanza no es el lugar para tratar de atajar esos claros comportamientos incívicos. Pero, una de dos, o hacemos más ordenanzas para todas estas cosas, o entendemos que, sin resolver o mejorar algunas de esas cuestiones, lo único que hacemos es tratar de gestionar los residuos que vamos encontrando en las calles con políticas de final de cañería. Penalizamos la precariedad y la marginalidad, sacando nuestro particular puño de hierro para acompañar la llamada "mano invisible" de la que no podemos o queremos ocuparnos. Un ejemplo: en el articulado se priorizan las sanciones a los procesos o espacios de educación o retorno social.

Por otro lado, y al margen del elevadísimo grado de discrecionalidad que se deja a quien tenga que aplicar la normativa, la ordenanza muestra un concepción del civismo muy discutible. Podríamos decir que en el debate del civismo se apuntan dos concepciones de ciudadanía notablemente distintas. Por una parte, aquella que entiende la ciudadanía como algo estático, vinculado a un estatuto, que debe ser preservado y protegido por los poderes públicos. Desde este punto de vista, el civismo sería la expresión estable y ordenada de un pacto de delegación entre una ciudadanía pasiva y sin fisuras internas, y unos poderes públicos. Por otra parte, una visión de la ciudadanía como capacidad de actuación, como actitud y actividad movilizada para hacer realidad el ideal de autonomía, igualdad y solidaridad que encierra ese término cargado de significación histórica, y el civismo como el resultado colectivo y global de todo ello. Por ahora, la ordenanza se alinea más con la primera de las visiones que con la segunda, y no es por tanto extraño que origine prevenciones y cautelas.

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la UAB.