El Parlamento francés ratifica la extensión del estado de emergencia

La Asamblea Nacional francesa aprobó ayer una modificación de la ley sobre el estado de emergencia, que permite declarar el toque de queda, para ampliar hasta tres meses su vigencia. La izquierda votó en contra, con pocas excepciones. Lentamente, la violencia de los jóvenes de los barrios de Francia se va apagando. El número de coches quemados durante la noche del lunes al martes fue de 215, frente a los 284 de la víspera. Hubo 71 detenidos, 44 menos.

Se está produciendo "una vuelta a una situación casi normal", según la policía, que cifra en un centenar la media diaria de vehículos calcinados en condiciones normales.

Según la ley de 1955 que se aplicó el pasado día 9, el estado de emergencia tiene una duración máxima de 12 días, por lo que debe cesar el próximo domingo. La ley debe pasar hoy por el Senado, donde se aprobará, previsiblemente sin problemas.

Según el primer ministro, Dominique de Villepin, la prolongación es "una medida de precaución que permite al prefecto, de acuerdo con el alcalde, disponer de los instrumentos necesarios para restablecer el orden si las circunstancias lo exigen". Cuando "la calma se restablezca de forma duradera", el Gobierno pondrá fin a la medida, añadió. "Han ardido 8.500 vehículos; un centenar de edificios públicos han sido destruidos y otras tantas empresas privadas han sido dañadas o destruidas; 125 policías, heridos, sin olvidar las agresiones a los servicios de socorro; 2.800 personas han sido detenidas y 600, encarceladas", dijo Villepin a modo de resumen de lo sucedido desde el 27 de octubre.

Por su parte, el ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, defendió la decisión del Ejecutivo explicando, entre otras cosas, que cerca de 80 de los casi 3.000 detenidos por haber participado en los disturbios ya eran delincuentes "conocidos" de la policía. Según Sarkozy, la rebelión de los jóvenes incendiarios, además de tener orígenes "económicos y sociales", también se explica por "la resistencia al orden y la ley de quienes han hecho de la delincuencia su actividad principal".

El jefe del Grupo Parlamentario Socialista, Jean-Marc Ayrault, se opuso a la medida argumentando que no es necesaria, ya que las autoridades locales disponen de instrumentos más que suficientes para enfrentarse a la violencia y que, además, la prórroga del estado de emergencia envía la señal equivocada. Socialistas y comunistas votaron en contra, con la excepción del diputado socialista Manuel Valls, alcalde de Evry, una de las ciudades emblemáticas de la periferia parisiense.

La votación de ayer en la Asamblea Nacional se produjo tras la declaración solemne del presidente, Jacques Chirac, por radio y televisión, del lunes por la noche, cuando repitió su discurso a dos bandas: ley, orden, represión y castigo de los culpables, por un lado, y reconocimiento, por otro, de que Francia está fracasando en la integración de buena parte de los descendientes de la inmigración magrebí y subsahariana.

De forma discreta, sin aspavientos, como si quisiera deliberadamente desmarcarse del estilo de su ministro del Interior, Villepin visitó ayer Aulnay-sous-Bois, una de las localidades del norte de París donde más violencia hubo en los primeros días, y se entrevistó con políticos locales, empresarios de la zona y trabajadores sociales. "Las reglas republicanas deben ser respetadas y todos los que las infrinjan deben ser sancionados", dijo repitiendo el mensaje de Chirac, "y la gente debe movilizarse contra el sentimiento de injusticia y contra las discriminaciones".