La excepción marsellesa

En Francia son muchas las voces que se preguntan por qué la caótica Marsella ha salido relativamente bien parada de la oleada de violencia que ha azotado el país. Instalada endémicamente en la cima de las estadísticas de delincuencia y con una tasa de paro un 50% superior a la media nacional, la segunda ciudad francesa tenía todos los números para vivir su particular estallido social en las violentas jornadas. Pero no ha sido así.

Entre los motivos que lo pueden explicar, el Ayuntamiento expone uno que cuando menos invita a la reflexión: "Los inmigrantes, pese a sus múltiples problemas, se sienten representados en las administraciones, y no sólo mediante cargos electos, sino también por el funcionariado", asegura Noëlle Mivielle, asesora del alcalde en materia de inmigración.

"En Marsella se ha impuesto la realidad, no nos hacen falta cuotas", dice el alcalde

Y es que el 20% de los trabajadores públicos marselleses tienen sus orígenes fuera del país, una cifra cinco veces superior a la media francesa. Lejos de extrañarse, Mivielle asegura que estas cifras son el reflejo de la realidad de la ciudad: poco rica en su conjunto, pero sin una clara segregación de sus habitantes por motivos étnicos o religiosos. Y su diversidad no es precisamente escasa. Según datos del municipio, entre sus 800.000 habitantes, se cuentan 200.000 personas de cultura musulmana, venidos sobre todo de Argelia y Túnez; 80.000 armenios, 80.000 judíos y cerca de 13.000 libaneses.

Un mosaico de culturas que nutre a todo un ejército de médicos, enfermeras y maestros, pero también, aunque en menor medida, policías y gendarmes. Mivielle asegura que en los hospitales y ambulatorios de Marsella, donde trabajan hasta 16.000 personas, casi el 25% de ellas tienen el padre o la madre nacidos fuera de Francia. Algo parecido ocurre en el Ayuntamiento, con 3.000 funcionarios de orígenes diversos de una plantilla de 12.000.

Surgidas de cálculos aproximados en un país donde las encuestas basadas en criterios étnicos están expresamente prohibidas, estos datos chocan frontalmente con los que arrojó un estudio realizado entre los funcionarios franceses en 2003. Preguntados por el país de origen de sus padres, sólo el 4,1% de los encuestados afirmó tener algún progenitor nacido fuera de las fronteras francesas. En uno de los países con mayor sector público, en el que el 22% de la población activa trabaja para el Estado, tales estadísticas no hacen más que confirmar la existencia de una brecha casi insalvable entre los franceses de origen y los de adopción. Otro dato: mientras el 25% de la población activa con padre y madre franceses trabajan como funcionarios, este porcentaje baja al 17% cuando se habla de personas con antecedentes familiares en el extranjero. Y en el caso de los magrebíes, la cifra todavía es menor.

Pero en Marsella, con las minorías representadas en el sector público, sus políticos no quieren ni oír hablar del acalorado debate abierto en París sobre la posibilidad de implantar una política de cuotas que garantice una mínima presencia de las etnias en el sector público. "En Marsella se ha impuesto la realidad, no nos hacen falta cuotas", asegura el alcalde, el conservador Jean-Claude Gaudin, para quien no hay forma de encajar una política que incluya discriminaciones positivas en una República regida por la igualdad y la equidad. En ello coincide con el presidente, Jacques Chirac, que el pasado lunes volvió a desautorizar al ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, -partidario de las cuotas- al asegurar que aplicar tal política "sería como señalar con el dedo a los inmigrantes".

Sea como sea, la Francia que responde al nombre de Mohamed, Said o Fatiha sólo goza en estos momentos de una representación destacable (un 15%) en el seno del Ejército, aunque con salarios inferiores a los de médicos o maestros.