El debate de la corrupción abre las costuras del PP valenciano

Tras meses de escándalos en los que destacados cargos del PP han tenido que dar explicaciones en los juzgados y en las instituciones por actuaciones supuestamente irregulares, el debate sobre la corrupción ha terminado por abrir esta semana las costuras del PP valenciano. El pasado martes, la consejera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, persona muy próxima al portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, aprovechó una entrevista en Canal 9 para reclamar a la dirección de su partido que tome "las medidas que se tengan que tomar" para luchar contra la corrupción. "Hay que trabajar y atajarla", prosiguió la consejera, "son temas difíciles. Hay que tomar decisiones que son desagradables. Recuerdo los cuatro años en que estuve de portavoz [del Gobierno valenciano con Eduardo Zaplana] y se tomaron decisiones que no fueron fáciles". De Miguel enumeró en su alocución varios ejemplos de cómo el Consell de Zaplana afrontó la corrupción, entre los que destacó la denuncia ante los tribunales contra un director general del Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) por estafa continuada.

El diputado tránsfuga justifica su marcha con el discurso zaplanista sobre las corruptelas

La consejera De Miguel dice que hay que atajar situaciones irregulares y tomar decisiones

Con el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, imputado en tres delitos distintos y alcaldes como los de Torrevieja y Orihuela intentando justificar pelotazos urbanísticos o el uso de bienes de lujo propiedad de constructores, el entorno del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, recibió estas declaraciones como una nueva embestida del zaplanismo en la guerra que mantienen ambos sectores con vistas a la confección de las próximas listas electorales. Tanto Fabra como los alcaldes de Torrevieja y Orihuela apoyan a Camps en su batalla por lograr el control absoluto del partido en la Comunidad Valenciana.

Camps y su equipo, sorprendidos por la audacia de la crítica de De Miguel y los zaplanistas -en cuya etapa fue condenado el ex consejero de Obras Públicas Luis Fernando Cartagena por apropiación indebida durante su etapa de alcalde de Orihuela-, optaron por echar balones fuera.

El propio presidente de la Generalitat interpretó las palabras de su consejera como una referencia "a aquella etapa negra de la historia de España gobernada por el PSOE". El presidente de la Diputación de Castellón y provincial del PP, Carlos Fabra, se expresó también con franqueza: "Yo no me doy por enterado, estoy absolutamente de acuerdo con Alicia de Miguel y hay que acabar con la corrupción. Yo no me he sentido en absoluto aludido".

Sin embargo, como la tormenta no amainaba -la oposición parlamentaria optó por redoblar sus críticas sobre Fabra y reiterar que los fenómenos de corrupción relacionados con el urbanismo no dejan de aumentar-, Presidencia de la Generalitat buscó introducir nuevos temas de interés en la agenda política. Decisión que llevó a Camps a proponer el pasado jueves durante una visita a Alicante una reforma del sistema electoral español, para cambiar el modo de adjudicar los escaños y primar a la lista más votada.

Lo que el presidente de la Generalitat bautizó como Propuesta de Alicante sólo tuvo unas horas de vigencia informativa. El viernes por la mañana, en plena reunión semanal del Gobierno valenciano, el vicepresidente, Víctor Campos, le hacía una escucha a Camps que le helaba la sonrisa: un diputado autonómico del PP, partido que gobierna con mayoría absoluta la Generalitat, las tres capitales y las diputaciones provinciales, anunciaba que se iba con su escaño a Coalición Valenciana, un partido ultra creado la pasada primavera cuyo ideario se basa en el anticatalanismo y el antisocialismo más feroz.

"Se trata de Javier Tomás", le dijo Víctor Campos a Camps. "¿Quién?", preguntó el presidente con cara de sorpresa.

Tomás fue alcalde del municipio castellonense de L'Alcora entre 1995 y 2003, año en que el propio Campos y el presidente provincial Carlos Fabra le compensaron con un puesto de salida en la candidatura a las Cortes Valencianas porque era "una de las cosas que más ilusión le hacían".

Tomás anunciaba el viernes y ratificaba el sábado en la clausura del Congreso de Coalición Valenciana que se marchaba del PP por "los presuntos casos de corrupción" que afectan al partido. "En estos años han ocurrido muchas cosas en el PP que no se pueden ignorar", aseguró Tomás, para añadir acto seguido: "Comparto plenamente el discurso de Alicia de Miguel y los zaplanistas".

La posibilidad de una escisión en el Grupo Popular en las Cortes Valencianas es un escenario sobre el que se ha especulado varias veces en cenáculos zaplanistas en los últimos dos años, en el marco de la guerra fratricida de los populares valencianos. Situación por la que el entorno de Camps no ha dudado en atribuir a los zaplanistas -siempre en privado y nunca en público-

el diseño de la operación del tránsfuga Tomás. "No voy a entrar en políticas de ciencia ficción. Todas las interpretaciones y todo lo que se está diciendo sobre este tema es triste y desgraciado", sentenció ayer la propia consejera de Bienestar Social.

Ayer fue un domingo lluvioso en Valencia, que amaneció con nuevas nubes de tormenta en el horizonte. El diario Levante publicó una entrevista con un ex delegado del Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) en Florida, José Marquina, en la que afirma que este instituto "ordenaba falsificar facturas y el dinero se enviaba a paraísos fiscales" para esconder los pagos millonarios de la Generalitat -entonces presidida por Eduardo Zaplana- al cantante Julio Iglesias por promocionar la Comunidad Valenciana. En la citada entrevista, Marquina afirma que en una reunión en Valencia pidió al actual consejero de Empresa, Justo Nieto, que "había que levantar las alfombras", pero le echó. El ex delegado del Ivex en Florida ratificó ayer a este periódico las declaraciones transcritas en la citada entrevista.

Camps evitó ayer confirmar si se había producido la reunión entre su consejero y el todavía delegado del Ivex en Florida para hablar de las irregularidades existentes en el contrato de Julio Iglesias. El presidente del Gobierno valenciano se limitó a afirmar: "Lo único que he hecho hoy es pedir al jefe de los servicios jurídicos de la Generalitat que prepare un contacto con el fiscal para que lo llame a declarar [al ex delegado del Ivex]. Cualquier persona, bajo cualquier formato y en cualquier sede, que peche con lo que dice". "Estoy dispuesto a acabar con todas las sospechas que se pongan en circulación", sentenció Camps, que pidió al tránsfuga que devuelva su escaño al PP.

El entorno de Zaplana no se pronunció ayer sobre las declaraciones del ex delegado del Ivex.