Reportaje:LA REFORMA EDUCATIVA

¿Qué pasa en la concertada?

Los centros subvencionados, que reciben 4.000 millones al año, se quejan de "asfixia" económica

La escuela concertada representa el 26% de la educación no universitaria en España. En ella estudian alrededor de 1.800.000 alumnos. Ellos, sus padres y sus profesores están convocados a la manifestación de hoy, en la que protestarán porque "la nueva ley educativa ataca la libertad de los padres" para poder elegir el centro escolar que deseen y por la "asfixia económica" a la que, dicen, les han sometido en los últimos años.

A pesar de todo, el porcentaje de alumnos matriculados en los centros concertados ha crecido desde 1999 un 1,5%, y desde 1996 casi cuatro puntos porcentuales. El crecimiento ha sido muy desigual: mientras algunas comunidades, como Andalucía, no han variado prácticamente su porcentaje de escuela pública y privada desde hace años, en otras, como Madrid, no ha dejado de crecer la concertada. El signo político de cada comunidad determina en gran medida el auge o caída de la educación privada financiada con fondos públicos. Y también los distintos gobiernos que ha tenido el país desde la democracia han marcado la historia de esta doble red educativa.

La nueva ley educativa propone controles más rigurosos para la admisión de alumnos
Sostienen que en los últimos 11 años han perdido el 17% en su poder adquisitivo

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En los años setenta, el Estado comenzó a financiar a los colegios privados para que acogieran a una población escolar que había crecido porque era obligatorio estudiar hasta los 14 años, y no había escuelas suficientes. Pero se les daba dinero de una forma arbitraria y poco estable. Con la llegada de los socialistas se regularon los conciertos. Lo hizo la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE); los archivos conservan las fotos de grandes manifestaciones en la calle encabezadas por Manuel Fraga y los religiosos de la enseñanza.

El Gobierno de Felipe González les aseguraba una financiación estable por cuatro años consecutivos, que incluía el pago a los profesores, pero les exigía unos criterios equitativos y comunes en la admisión de alumnos cuando la demanda superara la oferta de plazas escolares. Los padres pueden elegir en libertad si hay plazas suficientes en el centro; si no las hay, mandan los criterios de admisión, el más importante era la proximidad del domicilio al colegio. Esa era la filosofía. Desde entonces, cuando gobiernan los socialistas se plantean exigencias en la admisión de alumnos, que se rebajan cuando llegan al poder los populares.

La Ley Orgánica de Educación (LOE) que ahora se plantea no es muy distinta de las anteriores socialistas, pero sí endurece los controles en la admisión de alumnos. La causa ha sido la llegada masiva de inmigrantes en los últimos años (500.000 niños extranjeros hay ya este curso), que han sido derivados mayoritariamente a las escuelas públicas, donde estudian más del 70% de ellos. Los que han seguido de cerca las negociaciones saben que los controles en la admisión de alumnos que establece la ley, han sido la piedra que ha bloqueado un posible acuerdo. La LOE crea comisiones de admisión "que supervisarán este proceso y garantizarán el cumplimiento de las normas que lo regulan". La Administración será la encargada de establecer "la proporción de alumnos con necesidades educativas que deban ser escolarizados en los centros públicos y en los concertados" y la que establezca la reserva de plazas en unos colegios y otros para escolarizar a los que llegan una vez iniciado el curso.

Los representantes de la escuela concertada ven en ello un ataque a la libertad para elegir centro educativo. Estos controles no los establecía la Ley de Calidad que aprobó el PP en su último Gobierno.

Pero no es esa su única queja. La "asfixia" económica a la que, dicen, les han sometido en los últimos años, les ha ocasionado, sostienen, pérdidas del 17% en su poder adquisitivo. En la última década, como poco, el dinero público que reciben se ha incrementado por debajo del IPC. Además, la ley impide que recauden dinero cobrando cuotas a las familias. El Gobierno ha llegado esta misma semana a un acuerdo con los sindicatos de la concertada que prevé una subida para estos colegios en 2005 del 2,7% y en 2006 del 3,1%, por encima de las subidas que ofreció en su época el PP.

Otra de las quejas que ha sacado a la calle a la escuela concertada (religiosa en su mayoría) ha sido el cambio en la ley para hacer nuevos conciertos, es decir, para financiar nuevos colegios privados. Cuando uno de estos colegios reúna las condiciones previstas para impartir clases y tenga demanda para ello podrá "solicitar" financiación pública para ofrecer de forma gratuita estas enseñanzas. Solicitar, algo que vienen haciendo desde hace años en algunas comunidades sin éxito, se quejan. La anterior ley del PP decía que, reunidos los requisitos, estos centros podrían "acogerse" al régimen de conciertos, sin más.

Por último, un dato económico: la red concertada recibe cada año 4.000 millones de euros para sus centros. La pública cerca de 19.500 millones, aunque en esta última cifra se incluyen partidas que no son para los centros, sino para la gestión del propio sistema educativo, inspectores, centros de formación de profesores...

* Este artículo apareció en la edición impresa del viernes, 11 de noviembre de 2005.

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