Gil-Robles recomienda que los delitos de tortura se declaren imprescriptibles

España tiene una "sólida cultura" de respeto a los derechos humanos aunque subsisten "sectores de riesgo" que hacen necesario mantener la vigilancia en terrenos como la inmigración, las cárceles o la violencia doméstica. En su informe sobre la visita a España en marzo pasado, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Álvaro Gil-Robles, pone de relieve el "firme compromiso" de España en la materia aunque llama seriamente la atención sobre la muerte de un agricultor en un cuartel de la Guardia Civil o la devolución de 73 inmigrantes y pide que la tortura se declare imprescriptible.

El informe del comisario europeo formula hasta 54 recomendaciones dirigidas a las autoridades, si bien tras mantener una larga serie de entrevistas con titulares de instituciones oficiales y ONG, Gil-Robles asegura que "ni la tortura ni los malos tratos existen, como práctica sistemática, en España". Añade que a pesar del "persistente y durísimo ataque terrorista" que ha sufrido España desde hace casi 30 años, no se ha producido ningún recorte de los derechos de los detenidos por terrorismo y tampoco se ha adoptado ninguna legislación de excepción.

El comisario constata que España ha suscrito la gran mayoría de los tratados que prohíben la tortura, y que ha tipificado la tortura como delito específico, aunque no declara su "imprescriptibilidad". Por eso, entre sus primeras recomendaciones propone "alargar los plazos de prescripción del delito de torturas y considerar su imprescriptibilidad".

"Es conocido que la denuncia sistemática de torturas", dice en otro apartado, "forma parte de las obligaciones de todo militante de ETA a partir del momento de la detención", según consta en documentos intervenidos a la banda. Las autoridades vascas reconocieron que en muchos casos están desprovistas de fundamento, pero no descartaron que persisten "sospechas razonables de la existencia de malos tratos y tortura en algunos casos". Gil-Robles concluye: "Tengo, por mi parte, el convencimiento, como las ONGs con las que me entrevisté durante esta visita, de que en la España democrática los casos de malos tratos ocurren de manera esporádica y no sistemática".

El comisario recomienda revisar el régimen de incomunicación de detenidos -que puede llegar hasta los 18 días- y que el incomunicado pueda entrevistarse en privado al menos una vez con su abogado para decirle si ha sido objeto de malos tratos.

El 'caso Roquetas'

El Comisario de Derechos Humanos trata aparte el caso Roquetas sobre el fallecimiento, el pasado 24 de julio, de un agricultor en el cuartel de la Guardia Civil de esa localidad almeriense. Gil-Robles critica duramente que las denuncias por malos tratos presentadas con anterioridad a esa muerte fueran contestadas por el mismo teniente contra el que se habían interpuesto, que el juez se conformase sin más averiguaciones y que se encontrasen en el cuartel una porra eléctrica y otra extensible, ambas antirreglamentarias y peligrosas. El comisario exige una "clarificación total" de todos los interrogantes del caso y recomienda retirar ese tipo de armas.

El informe recoge las cifras de denuncias contras los cuerpos de seguridad que demuestran que los casos de malos tratos afectan de manera más intensa a las policías autonómicas y locales -con excepción de la Ertzaintza- que a la Policía o la Guardia Civil y recomienda introducir controles similares a los de la policía autonómica vasca, que incluyen cámaras de vigilancia donde se encuentran los detenidos, con excepción de las celdas y la zona de servicios y duchas, aunque los interrogatorios no son grabados para proteger a los agentes