CC OO carga contra el Gobierno por modificar la ley de patrimonio sindical

El sindicato Comisiones Obreras exigió ayer al Gobierno la retirada del decreto ley 3/2005, aprobado el pasado 28 de octubre, que modifica la Ley de Patrimonio Sindical de 1986. Esta norma permite la devolución a UGT de bienes incautados durante el régimen franquista (inmuebles, cuentas corrientes y archivos), fija los criterios de valoración -basadas en el tipo de interés del mercado- para la restitución y establece el 31 de enero de 2006 como fecha límite para la presentación de solicitudes de reclamación.

El secretario general de Comisiones Obreras, José María Fidalgo, criticó "el procedimiento deliberadamente oscurantista" de la norma. A su juicio, el proyecto no justifica las circunstancias de "extraordinaria y urgente necesidad" que requiere un decreto ley. Además, el responsable sindical denunció "el sigilo con el que se ha llevado a cabo", sin informar a la Comisión Consultiva Nacional de Patrimonio Social, integrada por el Gobierno y representantes de los sindicatos CC OO y UGT. Fuentes de UGT estiman en cerca de 300 millones de euros el valor actual de los bienes incautados pendientes de devolución.

El responsable de CC OO reclamó la creación de una comisión en el Parlamento que estudie la titularidad del patrimonio histórico. Fidalgo censuró el delicado "momento elegido para su aprobación", en medio de un proceso de negociación de la reforma laboral. "Contamina y extiende un velo de duda sobre la legitimación social", explicó. No obstante, aseguró que esta cuestión no romperá la unidad de acción con UGT en el dialogo social.

El patrimonio histórico de UGT garantiza un crédito con el ICO de cerca de 150 millones que le permite afrontar los compromisos derivados de la crisis de la cooperativa de viviendas PSV entre entre 1993 y 1994. Según el sindicato, el decreto ley "resuelve una grave injusticia histórica".

Fidalgo cargó contra el secretario general de Empleo, Valeriano Gómez, quien fue el gestor de la quiebra de PSV y "es el principal impulsor de la medida" y además "está sentado en la mesa de diálogo social". Fidalgo subrayó que "siempre ha defendido la devolución de los bienes incautados a sus legítimos dueños", pero reprueba el proceso seguido por el Ejecutivo. "Hay que evitar incurrir en arbitrariedades", añadió.