Farreres se exculpa ante el juez y dice que no sabía que se copiaron informes

A la defensiva, el ex consejero de Trababajo de la Generalitat Ignasi Farreres declaró ayer ante el juez que desconocía que su departamento encargase ocho informes que resultaron ser burdas copias de textos jurídicos y explicó que, en todo caso, la propuesta no partió de él, sino de su secretario general, Josep Maria Servitge. Por estos mismos hechos, Farreres ya declaró en el Juzgado de Instrucción número 11 de Barcelona el pasado 16 de septiembre, cuando defendió la utilidad de los cuatro informes que entonces se sabía que había encargado. Farreres declaró en calidad de imputado por los supuestos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental.

En aquella fecha sólo se había comprobado que uno de esos informes era falso y Farreres se extendió en justificar la utilidad de los trabajos argumentando que sirvieron para negociar con el Gobierno central los traspasos de competencias del Inem. Ahora, cuando ya se ha comprobado que no eran cuatro, sino ocho informes y todos ellos copiados, Farreres ha cambiado ligeramente de argumentos. Ante el magistrado Francisco González Maillo explicó ayer que él firmaba miles de resoluciones, que no sabía que los informes eran copiados y que eso era "lo último que podía pensar". Cuando se le preguntó sobre el contenido de la ley de 1994 sobre trabajo temporal, Farreras aseguró que desconocía el contenido de la ley porque él "no es jurista".

Pese a todo, el ex consejero justificó la contratación de los informes afirmando que su departamento era "muy creciente, muy innovador, muy activo" y que por eso "sentían la necesidad de tener mucha información y se utilizaban vías atípicas para conseguirla". Las empresas beneficiarias de esos informes, por los que en 1995 se pagó del erario público el equivalente a 45.556 euros, fueron Gestumer, SL, y Socesca, SL, dirigidas por Víctor Manuel Lorenzo y Santiago Vallvé, dos de los militantes de Unió Democràtica condenados por la Audiencia de Barcelona por la malversación de fondos procedentes del Consorcio de Turismo de Cataluña.