Las víctimas olvidadas

El trágico desenlace de la desaparición de la joven Aintzane Garay y el posterior hallazgo de su cuerpo con claras señales de agresión sexual me han traído recuerdos de otros casos, igualmente fatídicos, pero, sobre todo, sin resolver. Qué pensaría la sociedad vasca, gran víctima de ETA, si casi una docena de asesinatos aún estuvieran sin esclarecer y los asesinos siguieran libres.

SOS Víctimas lleva varios años trabajando en la resolución de estos casos totalmente olvidados por la sociedad vasca. Muchos de los casos que han aparecido estos días en los medios de comunicación nos han hecho recordar situaciones familiares que hemos vivido con ciudadanos que muchas veces han estado en la mayor de las soledades. Durante muchísimos meses y también años, han sufrido en la intimidad de sus hogares el asesinato de su hijo, hija, marido.

Hoy aún es el día en que ciudadanos de este país siguen visitando a sus seres queridos en los cementerios sin saber quién se cruzó un día en su camino y les anuló sus vidas y su futuro.

Es verdad que muy tímidamente estos asesinatos ya no aparecen en la sección de sucesos y en algunos casos son políticamente reconocidos con una ley integral hacia la violencia ejercida contra la mujer. Sin embargo, hay casos que nada tienen que ver con la violencia de género que siguen relegados a la marginalidad mediática.

Se observa una dispersión y desorientación en el trato general hacia el fenómeno violento, lo que redunda en que el colectivo de víctimas del delito violento, directas e indirectas, se halle desprotegido y abandonado.Es un hecho que las víctimas no sólo se hallan abandonadas y desprotegidas por los poderes públicos, sino que los actuales sistemas judicial, resarcitorio y asistencial son de una imperfección tal que apartan más a la víctima de la Justicia, de percibir una indemnización integra y de reintegrarse en la sociedad.

El choque entre las necesidades y expectativas de las víctimas de los delitos y el funcionamiento teórico y cotidiano del sistema penal puede explicar la frustación y descofianza de aquéllas hacia la Administración de Justicia. Entre esas expectativas se encuentran: el restablecimiento del orden jurídico (investigación de los hechos y reproche hacia los autores); el restablecimiento de la situación anterior al delito en la esfera personal, familiar y social de la víctima; la atención pública a las necesidades concretas originadas por el delito y el proceso (acogida, información, intermediación, asistencia médica y emocional, etcétera).

Es fundamental, aparte de que no quede ningún crimen impune, la actuación eficaz del Estado para prevenir otra victimación. Una buena asistencia a las víctimas reafirma la solidaridad social, beneficiando a toda la comunidad.