Una juez imputa a Fabra un nuevo delito por presunta falsificación de documentos

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Nules interrogará el próximo día 25 de noviembre a Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón y líder del PP en la provincia, por un presunto delito de falsificación de documentos, derivado de la manipulación de cuños y sellos para validar informes requeridos por los ministerios de Agricultura y Sanidad para la concesión de permisos de fabricación de productos fitosanitarios. Fabra se enfrenta ya a otra causa abierta por los presuntos delitos de fraude fiscal y contra la Administración pública por tráfico de influencias.

Fabra habrá de acudir, por tercera vez, al juzgado en calidad de imputado. La nueva acusación procede de un tribunal distinto al que hasta ahora le investigaba, pero se basa en una denuncia estrechamente ligada a las anteriores imputaciones por uno o varios delitos contra la Administración pública y un presunto delito fiscal.

Fabra será interrogado el día 25 por la titular del Juzgado número 2 de Nules, según un auto dictado por el juzgado, ante su posible colaboración en la comisión de un delito de falsedad. La imputación tiene su origen en una denuncia presentada por Vicente Vilar, el empresario que le acusó de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos, cuyas incriminaciones dieron lugar a la primera investigación y a la intervención de la Fiscalía Anticorrupción. De momento, el PP, tanto la dirección nacional como la autonómica y, especialmente, el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, han mostrado su apoyo al imputado y han rechazado abrirle un expediente informativo.

La denuncia a la que se enfrenta ahora Fabra se refiere a la presunta falsificación de sellos y cuños utilizados en documentos requeridos por los ministerios de Agricultura y Sanidad para la concesión de autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios. Vilar ya acusó a Fabra de cobrarle "cantidades millonarias" por interceder ante la Administración central con el fin de agilizar la tramitación de estas autorizaciones. En las gestiones frente a los ministerios participaban otros cargos, como el ex diputado y ex senador del PP por Castellón Miguel Prim, quien también está imputado, así como tres ex altos cargos de los ministerios de Sanidad y Agricultura, una de la Generalitat Valenciana y el anterior subdelegado del Gobierno en Castellón, recientemente fallecido.

Productos fitosanitarios

Posteriormente, el propio Vilar se autoinculpó de otro presunto delito y desveló la falsificación de sellos, tampones y documentos para dar validez a unos análisis sobre productos fitosanitarios que no reunían los requisitos de pureza que exigía el Ministerio de Agricultura. Por ello, habrá de acudir también a declarar en calidad de imputado el próximo día 11. Pero, además, el empresario sostuvo que Fabra conocía las irregularidades de esta documentación presentada para la obtención de unas autorizaciones por las que el presidente de la Diputación intercedía, según la denuncia. Algunas de las autorizaciones se solicitaban a favor de Artemis 2000, una empresa que formaron la ex esposa de Vilar, Monserrat Vives, y la esposa de Fabra, Amparo Fernández. Ambas figuran también en el nuevo auto judicial como imputadas.

Pese a que los representantes de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana, que actúan como acusación particular en el llamado caso Fabra, solicitaron la investigación de estas presuntas falsificaciones en la misma causa, la titular del Juzgado número l rechazó la petición. Sin embargo, su compañera en el Juzgado número 2 cuenta, como información anexa a la denuncia y a los sellos y tampones manipulados que presentó Vilar, con un informe de Agricultura que sostiene la existencia de "indicios razonables" de manipulación en la documentación presentada.

Por otra parte, la información publicada ayer por este diario sobre la investigación abierta a Fabra por el Gobierno sobre el presunto uso electoral de los censos de extranjeros desencadenó diversas reacciones políticas. La Subdelegación de Gobierno de Castellón mantiene con firmeza que existe constancia y sospechas claras de que por parte del PP de la provincia se ha solicitado información a algún Ayuntamiento sobre el censo local de inmigrantes, informa Amparo Panadero.

El subdelegado del Gobierno, Juan María Calles, que participó en unas jornadas de los socialistas castellonenses en Morella, se mostraba ayer contundente al asegurar que alguna junta local del PP en la provincia de Castellón ya ha remitido peticiones por escrito a ayuntamientos para acceder a los datos del censo de inmigrantes. "Estamos pendientes de saber si algún gobierno local ha trasladado al PP algún tipo de información", dijo. Y Joan Ignasi Pla, líder de los socialistas valencianos, manifestó que "Castellón no merece ser conocida sólo por el caso Fabra".

Por su parte, Concha Amorós, coordinadora local de Esquerra Unida en Castellón, afirmó que "es, además de una ilegalidad, una clara y notoria demostración de que ante el fenómeno de la inmigración lo único que le interesa al PP es conseguir al precio que sea, con métodos legales o ilegales, los votos de los ciudadanos rumanos".