La autorregulación se consolida en la prensa europea

El Comité de Quejas de la Prensa británica (PCC, en sus siglas en inglés) recibe cada año una media de 3.500 protestas de los ciudadanos. Una aplastante mayoría (en torno al 98%) se resuelven con un acuerdo entre el periodista y el medio en el que trabaja, por un lado, y el público, por otro. Los expertos convocados por la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) analizaron ayer los distintos sistemas que regulan la profesión periodística, en línea con el modelo diseñado por el Consejo de Europa a principios de los noventa, que instó a los medios a que se comprometieran a observar "unos principios deontológicos rigurosos" encaminados a asegurar la libertad de expresión.

"Nunca confíen en un periódico que dice que nunca se equivoca", advierte 'The Guardian'

El modelo de autorregulación británico se basa en un código deontológico de larga tradición. Si el PCC considera que se ha vulnerado existe obligación de publicar las críticas en el medio. A menudo ésta es una herramienta de persuasión, "porque significa que se avergüenzan públicamente". Para los periódicos "es una fórmula de mantener la credibilidad", dijo Tim Toulmin, presidente del PCC, quien resaltó la "gran autoridad" de esta entidad. Los profesionales tienen obligación de respetar el código, pero la responsabilidad última es el editor. El objetivo es "conseguir el equilibrio" entre los derechos de los periodistas y los del público.

El código no cubre los derechos de los trabajadores ni las quejas de unas empresas contra otras porque "no entra en batallas comerciales" y tampoco atiende quejas relacionadas con "la decencia", por ser demasiado subjetivas. El código precisa que no se puede fotografiar a personas en lugares públicos sin su consentimiento. Es muy claro en relación a los niños. "Si son menores de 16 años no se puede hablar con ellos en el colegio o fotografiarlos en la calle sin el consentimiento de un adulto responsable", aclaran los directivos del PCC. También es muy estricto en cuanto a no discriminar por razones de sexo, raza o religión. "Cualquier editor que invoque el interés público para publicar una información tiene que demostrar que existe tal interés público", señaló Ian Beales, que relató las principales obligaciones de los periodistas en el Reino Unido.

El defensor el lector del periódico británico The Guardian, Iam Mayes, explicó que su diario tiene un código editorial, que "incorpora y extiende" el código del PCC pactado por los periódicos británicos. Mayes aseguró que las rectificaciones en los medios no disminuyen la confianza del público. Por el contrario, sí lo hace el no aceptar los errores. "Nunca confíen en un periódico que dice que nunca se equivoca", aconsejó.

A la hora de aplicar los códigos deontológicos, el representante de la Comisión de Cultura del Consejo de Europa, Luis María de Puig, apostó por la autorregulación frente a las tentaciones de los políticos de imponer normas. "Hubo un debate sobre si los parlamentarios tenían que poner los límites y llegamos a la conclusión de que no. Es una tarea que corresponde a los profesionales". En su opinión, la aceptación voluntaria de ciertas límites no significa censura.

Puig asegura que "la prensa ejerce un papel mucho más importante que los políticos", pero a veces hay flancos discutibles: "no siempre es objetiva, a veces manipula o está interesadamente a favor o en contra de los Gobiernos". Por eso, la prensa debe respetar sus propios códigos de autorregulación.

En la misma línea se pronunció el vicepresidente del Consejo Deontológico de la FAPE, Manuel Núñez Encabo, quien aportó su fórmula de conducta profesional: "Un máximo ético y un mínimo jurídico". Las normas deben ser "voluntarias y eficaces", confeccionadas por los profesionales para "evitar las tentaciones de los Gobiernos a legislar sobre los contenidos de los medios", remarcó Núñez Encabo, quien recordó que "ni los editores ni los periodistas son dueños de la información".

El secretario general del Consejo de Prensa de Bélgica, Flip Voets, contó que en su país había alguna reticencia para formar órganos de similares al británico. Irónicamente, fue una propuesta del Ministerio de Justicia la que promovió que los periodistas se sentaran a hablar "para que nadie lo hiciera por nosotros", aseguró. Muchas de las 100 quejas que han recibido desde finales de 2002 "son de gente que ha preferido acudir a su consejo, en lugar de a los tribunales tal vez porque es gratuito y más rápido".

El director del Consejo de la Información en Cataluña, Josep Pernau, aseguró que el trabajo que realiza esa entidad encubre "un sano egoísmo", ya que sólo respetando la ética puede existir la credibilidad. "El buen gusto, el rigor y el respeto a las personas" son las bases en que se sustenta el código pionero en España, según su director. "No sé si rectificar es de sabios, pero sí es de personas honestas", afirmó. El código catalán se basa en "12 reglas universales", entre las cuales figura separar la información de la opinión, no discriminar, rectificar "no tan escondido" los errores, obtener la información por medios lícitos, evitar la corrupción y a llamar "presunto" a quien no se ha demostrado la culpabilidad.