El Gobierno culpa a la Iglesia de romper las negociaciones de la Ley de Educación

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, admitió ayer el fracaso de la negociación que ha mantenido el Ejecutivo con la Iglesia sobre la Ley de Educación (LOE). "Nos hubiese gustado que hubiese acuerdo, pero no ha sido posible y lo lamentamos. El Gobierno tiene la obligación de gobernar para todos", dijo la vicepresidenta. También se refirió a la manifestación contra la ley convocada para el día 12, apoyada por los obispos, y les exigió que se "expliquen ante los ciudadanos".

El nombramiento, en marzo, del obispo de Bilbao, Ricardo Blázquez, como presidente de la Conferencia Episcopal, en sustitución del cardenal-arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, fue acogido por el Gobierno con satisfacción porque consideraba que tenía un perfil más "abierto". Sin embargo, a lo largo de las negociaciones, desde marzo hasta ahora, las posiciones de los interlocutores de la jerarquía eclesiástica han ido variando. Mientras Blázquez, mantenía con la vicepresidenta primera del Gobierno la posición inicial de "diálogo fluido", las de otros interlocutores, siempre según fuentes socialistas, como el arzobispo primado de Toledo, Antonio Cañizares, se han ido endureciendo.

El principal punto de fricción ha sido la asignatura de religión (que con la nueva ley no cambia la situación que hubo durante el Gobierno del PP). Los interlocutores de la Iglesia, según fuentes gubernamentales, pretenden que dicha asignatura cuente en las evaluaciones y en los currículos de los alumnos, algo que no asume el Gobierno. El resultado de la ruptura ha sido el apoyo del episcopado a la manifestación convocada por la confederación católica de padres contra la LOE el 12 de noviembre.