La asociación conservadora pide a los jueces que se sumen al "clamor" contra las reformas

El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), José Ramón Ferrándiz, pidió ayer a los jueces "que se sumen al clamor" contra las reformas de la Justicia que prepara el Gobierno, y aseguró que su asociación está convencida de que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero "sacrificará" el modelo de Justicia instaurado por la Constitución de 1978 "en exclusivo beneficio de sus socios nacionalistas, que le permiten seguir gobernando".

Ferrándiz añadió que las reformas de la Administración de Justicia "que impondrá la previsible aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña son contrarias en buena medida al texto constitucional y no responden a planteamientos de utilidad y de servicio al ciudadano".

"En esta situación difícil", prosiguió, la APM, asociación de jueces mayoritaria y conservadora, "asume el papel que siempre ha desempeñado de vehículo de expresión de la voluntad del 99% de los jueces españoles", con el fin de que se sumen "al clamor en contra de esas reformas ya expresado por los jueces de decanos de toda España y los presidentes de los Tribunales Superiores".

La APM, que se ha reunido en Madrid durante dos días para estudiar las reformas del Gobierno, rechaza frontalmente la justicia de proximidad, señalando que no respeta el modelo de juez establecido en la Constitución, "y oculta, bajo una denominación atractiva y en gran medida demagógica, una Justicia sin garantías de independencia, con jueces designados por los ayuntamientos, sin garantías de inamovilidad, con jueces contratados por plazos y sin garantías de preparación técnica".

Sin miramientos

En relación con el recurso de casación, señala que "debe rechazarse sin miramientos y con rotundidad" cualquier intento encaminado a hacer desaparecer el papel crucial del Tribunal Supremo "como institución básica para asegurar la unidad del Poder Judicial". Según las conclusiones de la APM, ese recurso pueda conllevar "un riesgo de desvertebración en la función de fijar la doctrina legal y jurisprudencial con carácter vinculante para todos los órganos constitucionales".

Sobre la anunciada creación de los Consejos Territoriales de Justicia, la APM considera que "provocan la fragmentación del gobierno del Poder Judicial en España" y se propicia la influencia en ellos de "los poderes políticos, económicos y sociales". Además, "comprometen gravemente la independencia judicial" como garantía de los derechos de los ciudadanos.

El portavoz de la APM, José Manuel Suárez Robledano, precisó que la reforma que se plantea en el nuevo Estatuto de la Comunidad Valenciana no otorga al Consejo Territorial potestades similares a las del Consejo General del Poder Judicial y es "de carácter consultivo". "Siempre que sea sólo eso, no hay problema", afirmó.