Barberá insiste en multar a prostitutas y clientes y la oposición propone regular la calle en general

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, señaló ayer que la ordenanza que sanciona actividades que "molestan y coaccionan" en las calles dirigida a prostitutas, sus clientes o aparcacoches "no es un capricho sino [responde a] la necesidad de actuar" en respuesta a las quejas ciudadanas. Mientras la consejera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, también del PP, se mostró más partidaria de que sean los clientes los que sean multados, el concejal del PSPV José Luis Ábalos, acusó al PP de estigmatizar colectivos y abogó por una orden más general de uso de vías públicas.

Barberá defendió la ordenanza sobre Actuaciones en Espacios Públicos, cuyo borrador aprobó ayer inicialmente la junta de gobierno local, al señalar que la presencia de prostitutas en el núcleo urbano, especialmente en las inmediaciones del Puerto de Valencia, "ha perturbado la tranquilidad y ha sido motivo de molestias, temores, recelos e incomodidad para los ciudadanos". También apuntó otras actividades que "molestan y coaccionan" al ciudadano, y que "implican un uso abusivo y excluyente de la vía pública" al referirse a los "gorrillas", y recalcó que la ordenanza prohíbe toda actividad lucrativa de ordenación del aparcamiento por personas ajenas a su competencia. La norma, susceptible de ser objeto de cambios, contempla tres tipos de sanciones según la infracción sea leve, grave o muy grave. En el primer caso la sanción que se propone es de 150 euros, en el segundo de entre 150 y 500 euros, y en el caso de las sanciones muy graves entre 500 y 3.000 euros.

Barberá criticó el "desprecio, doble rasero y falta a la verdad que caracteriza a la oposición socialista" al referirse a la ordenanza promulgada en Barcelona por el alcalde socialista, Joan Clos, que prohíbe "ofrecer directa o indirectamente servicios sexuales, y también aceptarlos en espacios públicos.

La consejera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, se mostró más favorable a multar sólo a aquellas personas que demanden los servicios de las prostitutas, en lugar de castigar también a éstas. De Miguel, que expresó su repeto por la norma, comentó que en su departamento son "más de la opinión de que es más interesante que sea la gente que utiliza a las personas de esta manera o que compra sus servicios la que pueda sufrir alguna multa o castigo".

Por su parte, el concejal socialista José Luis Ábalos apostó por redactar una ordenanza sobre el uso de vías públicas que regule la cuestión en general y en la que se incluyan los aspectos relacionados con la prostitución y los aparcacoches "como ha hecho el Ayuntamiento de Alicante" de forma que "no se estigmaticen colectivos sino que se tipifiquen conductas", independientemente de quienes sean los que las practiquen. "No es que nos opongamos a este tipo de medidas", comentó, "hemos planteado la cuestión muchas veces, a lo que nos oponemos es a una ley de vagos y maleantes en ocho artículos" que, señaló, es similar a una ordenanza ya planteada hace dos años. "Es inaceptable desde el punto de vista social y tiene muchos fallos desde el prisma técnico-jurídico".