A la calle de nuevo

Parece ya casi irremediable que la calle será de nuevo el escenario para expresar la protesta de diversos colectivos contra una política determinada del Gobierno socialista. Y todo apunta a que destacados representantes eclesiásticos se sumarán a la iniciativa. Es inobjetable que la ciudadanía pueda recurrir a un derecho amparado por la Constitución, pero mucho más discutible resulta que la Iglesia católica sea más proclive a defender y volcarse en este tipo de acciones de reivindicación extrema antes que buscar el acuerdo mediante la negociación en el marco de la comisión mixta Iglesia-Estado. En esta ocasión el motivo es la nueva Ley Orgánica de Educación (LOE), que varias asociaciones católicas y la Conferencia Episcopal consideran que discrimina la enseñanza de la religión, y ayer empezó a debatirse en el Congreso con una enmienda a la totalidad del PP y de CiU.

Mala cosa es que el Gobierno no haya sido aún capaz de desmontar tal argumento, bastante cuestionable, por cierto, y de persuadir a los obispos con algunas contrapartidas a fin de evitar el siempre embarazoso ruido callejero como el que se produjo el pasado junio en la multitudinaria manifestación contra las bodas gays. Es evidente que en todo ello tiene mucho que ver el actual clima de enfrentamiento sobre cualquier tema entre PSOE y PP, pero hay que instar al diálogo entre el Gobierno y el obispado para que solucionen el litigio con un "acuerdo de convivencia" que satisfaga lo más posible a las dos partes y al mismo tiempo sea compatible con el carácter aconfesional de nuestro Estado. Esto último conviene que no lo olviden los prelados.

El cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, que ya bajó a la calle para discrepar sobre los matrimonios de homosexuales, ha decidido calentar más el ambiente con una carta que se leerá este fin de semana en todas las parroquias de su diócesis instando a respaldar la manifestación convocada para el día 12 en Madrid por la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) y que ayer anunció que apoya también la federación de centros concertados (ésta por razones de financiación).

Rouco sostiene que la LOE "deteriora la democracia" y "no respeta el derecho a la libertad de enseñanza ni el derecho de los padres a decidir la educación religiosa y moral de los hijos". Son argumentos un tanto exagerados, por cuanto la ley no altera la actual normativa según la cual la enseñanza de la religión es de oferta obligatoria en todos los centros educativos, aunque voluntaria para los alumnos. Pero, independientemente de la exageración del cardenal, es conveniente que las aguas se serenen y que se reanude el diálogo.