El sector del carbón se paraliza en defensa de la edad de prejubilación

Los mineros del carbón volvieron ayer a las movilizaciones, por primera vez desde 1998, en las dos jornadas de paro convocadas para presionar a Industria en la negociación del plan sectorial para el periodo 2006-2012. Los mineros exigen, entre otras cosas, mantener las condiciones de prejubilación, que permite dejar el trabajo en torno a los 42 años frente a la propuesta de hacerlo después de los 45. Ocho dirigentes sindicales permanecen desde la noche del miércoles encerrados en el ministerio. El paro, generalizado en todo el país, según fuentes sindicales, se repetirá los días 8, 9, 15, 16 y 17 si no hay acuerdo.

La huelga fue seguida ayer masivamente en el sector, que da empleo a 8.694 trabajadores, de los que 4.427 lo hacen en Asturias; 3.029, en Castilla y León, y el resto, en Galicia (408), Aragón (336), Andalucía (291), Castilla-La Mancha (135) y Cataluña (72). En Asturias, los trabajadores cortaron las autovías y autopistas más importantes de la región y una línea férrea. El paro fue total en Hunosa (ocupa a 3.667 de los 4.427 mineros del carbón en Asturias) y también fue generalizado en el resto de las empresas. Los sindicatos cifraron el seguimiento en el 99%.

Durante los cortes hubo enfrentamientos con la Guardia Civil, que se repitieron en León, donde las fuerzas antidisturbios cargaron por la tarde con pelotas de goma y botes de humo contra un grupo de mineros que bloqueaba, desde siete horas antes, la autovía del Noroeste, cerca de San Román de Bembibre, a unos 20 kilómetros de Ponferrada. Poco después continuaba la batalla campal entre trabajadores y antidisturbios por las calles de esta localidad.

La principal discrepancia entre los trabajadores e Industria es la edad de prejubilación. El ministerio mantiene esta medida de reducción de plantilla a partir de los 52 años de edad oficial -una vez aplicados los coeficientes reductores vigentes en la minería por la peligrosidad y penosidad del trabajo, la real pasa a rondar los 42-, pero pretende que a partir de 2008 ningún minero pueda prejubilarse antes de los 45 años de edad real, aunque tenga el cómputo oficial de 52 años.

Crear 2.100 nuevos trabajos

Los sindicatos lo consideran una conquista social irrenunciable porque el deterioro físico de un trabajador de la mina es muy superior al de su edad. También plantean que sólo manteniendo las prejubilaciones a los 52 años sin limitación se pueden crear 2.100 nuevos empleos en el sector minero hasta 2012. Industria, por su parte, ofrece 1.600 contrataciones para reequilibrar las plantillas que queden descompensadas por las bajas. Cada prejubilado del sector cuesta al Estado entre 500.000 y 600.000 euros hasta que alcanza la edad de jubilación en un sector fuertemente subvencionado.

Otro punto de conflicto radica en la producción. Industria está dispuesto a mantener en 2012 una producción de carbón nacional de 9,2 millones de toneladas (ahora, España produce 12 millones), pero los sindicatos reclaman que al final del plan no baje de 10,5 millones. Los sindicatos también exigen una garantía de cumplimiento de las nuevas contrataciones, cuatro por cada nueve prejubilados, mientras Industria acepta tres por cada 7,5.

Las centrales exigen que las ayudas públicas a las empresas mineras se vinculen exclusivamente a la actividad y que haya una penalización en caso de cese de la producción. Consideran que el mantenimiento de las ayudas aunque haya un paro supone suprimir el derecho de huelga. A su vez, demandan regular las subcontratas, de modo que los trabajadores de la extracción se beneficien del convenio de minería.

Industria asegura que la propuesta a los sindicatos es más ventajosa que el Plan de 1998 del PP. El ministerio explicó que la reducción prevista del empleo es del 25% entre 2006 y 2012 (se pasará de 8.600 a 6.000 puestos de trabajo), cuando el PP lo redujo el 65%, y asegura que se ofrece "cinco veces" más dinero por empleo destruido para reactivar las comarcas carboneras que el que dieron los Gobiernos del PP.

Inversión de 2.880 millones

El Gobierno se compromete a invertir en la diversificación de las comarcas carboneras 2.880 millones y recortar 3.000 empleos, mientras el PP aportó 3.215 millones para la reactivación, pero redujo la plantilla en 15.000 empleos. Industria pide a los sindicatos que flexibilicen su postura y recapaciten sobre la oferta "que da estabilidad al sector y mejora el plan vigente, sobre todo en los aspectos sociales". Además, asegura que el presupuesto es "suficiente y no se puede sobrepasar".

Industria destaca que, en cinco meses, los sindicatos han mantenido sus posturas estancadas, sin ceder. Está dispuesta, dice, a negociar en cuanto a la reducción de la producción y las recolocaciones, pero rechaza el capítulo de prejubilaciones y las ayudas vinculadas a la producción, ya que representa unos costes tan elevados que no pueden ser asumidos sin consecuencias para las arcas públicas.

Los empresarios mineros presentaron ayer una oferta global a Industria que es vista con "buenos ojos". Los empresarios aceptan reducir la producción hasta los 9,2 millones de toneladas (dos millones menos que ahora), pero no admiten 2.100 recolocaciones, como quieren los sindicatos. Además pretenden una reducción "suave" de las ayudas hasta 2012 e inversiones en centrales térmicas que garanticen el futuro del carbón.