El juez ordena el desalojo inmediato de las familias que ocuparon 20 viviendas en Jun

El Juzgado de Instrucción número 8 de Granada decretó a última hora de ayer el desalojo inmediato de 20 de las viviendas ocupadas en la última semana en los números 4, 6 y 8 de la avenida de Granada de Jun (2.050 habitantes). El auto redactado ayer por su titular considera que los ocupantes podrían haber cometido un delito de usurpación de inmueble, pero no de allanamiento, como sugería la fiscalía andaluza. La juez, que exigió a los ocupantes que justificaran documentalmente su derecho a vivir allí, concluyó que los desahuciados ocuparon las viviendas sin permiso de sus propietarios.

La resolución judicial faculta a la Guardia Civil para que deje las viviendas vacías desalojando a las personas que las ocupen ilegalmente. El desahucio, en principio inmediato, no se había producido a última hora de ayer. La medida acoge la petición de la fiscalía, que solicitaba el desalojo de las personas sin título sobre las viviendas y de todos los demás ocupantes citados que no comparecieron en el juzgado ayer por la mañana.

El auto, que se entregó a las partes y al instituto armado a las 21.30, considera a los ocupantes presuntos usurpadores. "Estamos ante un posible delito de usurpación previsto en el artículo 245 del Código Penal en el que el bien jurídico protegido es el derecho de propiedad o la titularidad de derechos reales [alquiler, usufructo, etcétera]". Los indicios de ese delito requieren "una respuesta rápida", según el auto, que no ve los posibles allanamientos de morada, apreciados por la fiscalía andaluza.

"Resulta necesario dotar de protección a los perjudicados adoptando las medidas necesarias para el desalojo de quien permanezca contra su voluntad [de los propietarios] en el inmueble como única vía para reestablecer el orden jurídico perturbado", continúa la resolución, que considera que de no decretarse el desahucio, se estaría permitiendo "un comportamiento indiciariamente delictivo" y ordena la restitución de los inmuebles "por vías de hecho y por la fuerza".

El auto se conoció 10 horas después de que los ocupantes y los legítimos habitantes de las viviendas acudieran al juzgado para acreditar documentalmente su derecho a permanecer en las viviendas. Ninguna de las familias llegadas a Jun desde el Polígono del Almanjáyar de Granada (uno de los barrios marginales de la capital) pudo demostrarlo en sus comparecencias -que se produjeron hacia las 11.00-, por lo que el secretario del juzgado les entregó un documento en el que se explicaba que no habían conseguido mostrar ningún título o manifestar alguna alegación que les permitiera seguir habitando los bloques ocupados.

Los inquilinos y propietarios que continúan viviendo en ellos sí que entregaron la documentación. Uno de ellos, que vive como inquilino con los ocho miembros de su familia, mostró su contrato de arrendamiento así como varias facturas de la luz y el agua, pero, alegando miedo, se negó a denunciar agresiones o coacciones dirigidas a sus antiguos vecinos que decidieron marcharse.

Sin denuncia

En el juzgado también se presentó una pareja de inmigrantes chilenos con su hija pequeña. Tras aportar su contrato de alquiler firmado hace cuatro años, aseguraron que no tenían problemas con los ocupantes del polígono y que ellos nunca fueron objeto de ninguna agresión. "No hemos denunciado porque a nosotros nadie nos ha hecho nada por ahora", dijo él. Un soldado profesional que aseguró que paga su hipoteca cada mes, también presentó su escritura de compraventa, al igual que una joven pareja que se encuentra en la misma situación. Estos últimos se quejaron de la actitud del representante de los tres propietarios mayoritarios de los pisos.

"Nos dice a los pequeños propietarios que denunciemos los hechos", dijo. "Quiere que seamos nosotros los que nos comamos el marrón cuando ellos tienen prácticamente el 95% de los bloques", añadió el hombre mientras intentaba que su compañera dejara de llorar. Ninguno quiso plasmar su miedo en una denuncia, según confirmaron a la salida del juzgado. Otro de los comparecientes aportó la escritura de un piso que podría estar falsificada, según fuentes de la investigación. Uno de los ocupantes, que manifestó que vivía en los bloques desde hace tres años, aseguró que había aportado un certificado de empadronamiento en Jun en el que ese piso aparecía como su domicilio.