La mayoría de los 'okupas' de Jun abandona las viviendas tras recibir la orden de desalojo
Algunos se instalan frente al Ayuntamiento de la localidad granadina para reclamar un techo
La práctica totalidad de las 19 viviendas ocupadas ilegalmente en Jun (Granada) han sido abandonadas en torno al mediodía de forma voluntaria y sin incidentes, bajo la supervisión de la Guardia Civil, que ha llevado a cabo la operación de desalojo de los pisos en cumplimiento del auto dictado anoche. Tras sacar de los pisos sus muebles y enseres, algunos de los okupas, de etnia gitana, se han instalado en la calle. Otras familias se han mudado a vivir a la puerta del Ayuntamiento, de donde no se moverán hasta tener de nuevo un techo.
Miembros de la policía judicial de la Guardia Civil han comenzado sobre las 10.00 a comunicar puerta por puerta la orden de desalojo, dictada el Juzgado de Instrucción 8 y basada en un posible delito de usurpación, mientras que 50 agentes de la Unidad de Intervención Rápida de Granada velaban por la seguridad. La orden era efectuar el desalojo hoy y con luz, por lo que los okupas han pedido más tiempo para recoger sus pertenencias y buscar otro sitio. Algunos han dejado sus pertenencias en la calle, mientras que otros han acudido al Ayuntamiento de Jun, que permanece cerrado, para reclamar una vivienda digna.
Los primeros en llevarse sus colchones al Consistorio han sido Mari Carmen Heredia, embarazada de casi cinco meses, y Álvaro Muñoz. Han explicado que vivían ilegalmente en uno de los pisos desde hace dos años y que "nunca" habían tenido ningún problema. Mari Carmen ha dicho que están empadronados en Jun y que se quedarían allí sentados hasta que les dieran un techo. Su caso ha tenido un final feliz, ya que dormirán en un cámping hasta que los Servicios Sociales del pueblo les encuentren casa. Esta mañana, el alcalde, José Antonio Rodríguez (PSOE), había prometido una solución para los empadronados en la localidad, pero lamentaba no poder hacer nada por los demás porque "Jun no es el Ministerio de la Vivienda ni la Consejería de Obras Públicas, sino un pequeño municipio de 2.751 habitantes".
"¡Vaya justicia que hay en España!"
"Han arrojado a la calle a mujeres y a niños, ¡vaya justicia que hay en España!", ha recriminado otro de los desalojados, Oliver Hernández, que ha reclamado al alcalde que le dé los 1.200 euros que asegura invirtió en acondicionar el piso y le facilite un camión para sacar sus muebles. Oliver, su mujer Josefa Muñoz y sus tres hijos han sacado a la calle todos sus muebles y enseres -incluso han hecho las camas- para permanecer frente a los bloques de casas hasta que alguien encuentre una solución a su problema. El hombre ha denunciado que algunos de estos inquilinos ilegales han vivido en los pisos con "contratos falsos" que les hicieron los propietarios.
Algunos pequeños han gritado que les echan de las casas por "racismo", mientras que otros okupas, como Gracia y Mari Carmen, daban la batalla por perdida y se marchaban a buscar nuevo techo. Quien tiene claro dónde le gustaría vivir es Josefa, que ha asegurado que su intención es instalarse "en casa del alcalde, que seguro que está muy buen amueblada". La mayoría de las familias ha regresado con sus familias al barrio del que procedían, La Cartuja de Granada capital, mientras que otros se piensan alojar en las casas de los vecinos no desalojados o permanecer en sus coches hasta encontrar un lugar en el que vivir.
A primera hora de la tarde, todas las viviendas estaban desocupadas excepto tres, en las que inicialmente no se pudo entrar porque tenían un candado y nadie ha respondido a las llamadas de los agentes. El desalojo ha sido seguido por los vecinos con expectación desde las terrazas de los edificios colindantes, así como por más de 50 periodistas. Los agentes permanecerán en el lugar durante un tiempo prudencial para garantizar que las 17 familias, según la Subdelegación del Gobierno, -y no 24 como dijo inicialmente el alcalde- que dejaron sus casas por miedo puedan volver sin problemas, así como para evitar el regreso de los okupas. Aunque en el auto de la juez constaban 20 viviendas ocupadas ilícitamente, se ha comprobado que una estaba repetida.
![Dos personas que ocupaban ilegalmente una vivienda en Jun, en la calle con sus enseres.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/UYJVDTLEGZQPUNSJNEK5MKICSU.jpg?auth=455af1d603ce84afe7812635482c47679d2aa99673358030246d547d6764ceff&width=414)
Los vecinos decidirán el futuro de los bloques ocupados
El alcalde de Jun, José Antonio Rodríguez Salas, ha anunciado hoy que el futuro de los tres bloques que están siendo desalojados "se debatirá en un pleno en el que los vecinos de Jun podrán participar con la firma electrónica, en un claro ejemplo de teledemocracia único en España".
Rodríguez Salas ha explicado que el Ayuntamiento compró por un millón de euros dos solares -uno contiguo al Consistorio y otro a los bloques- para iniciar la construcción, esta legislatura, de una plaza, nuevas dependencias municipales, un espacio escénico y aparcamientos, y que aunque el equipo de Gobierno municipal "nunca tuvo interés en tirar los edificios" tras lo ocurrido, considera necesario adoptar alguna medida "para que no vuelvan a ser ocupados".
El alcalde ha apuntado que hay "un abanico de posibilidades inmenso", entre las que ha citado instar a los propietarios de los tres bloques de viviendas a que "las alquilen o vendan para que se ocupen legalmente", o la expropiación, si bien ha señalado que no cree que los vecinos de Jun sean partidarios de esta última medida por el desembolso económico que acarrearía.
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