El CES catalán critica el proyecto de ley de medidas financieras

Los agentes sociales criticaron ayer con dureza las medidas financieras de la Generalitat para 2006, recogidas en el anteproyecto de ley que acompañará los presupuestos catalanes. El Consejo de Trabajo Económico y Social de Cataluña (CTESC), formado por patronales, sindicatos y expertos, dio a conocer un dictamen que asegura que este instrumento -la antigua Ley de Acompañamiento- "no es el más adecuado para regular medidas fiscales" e incluso "puede lesionar el principio de seguridad jurídica".

El organismo asesor del Gobierno catalán juzga "negativo" que el Ejecutivo autónomo busque nuevos ingresos a partir de medidas "insuficientemente justificadas", como un incremento de las tasas del 3%. Y critica también que recoja una nueva regulación de la tributación del agua, cada vez más alejada del principio quien contamina paga.

Fuentes del Departamento de Economía aseguraron que el anteproyecto "se ajusta a rajatabla a la doctrina del Constitucional, que ciñe la Ley de Acompañamiento a las medidas fiscales". "No hay incremento significativo de la presión fiscal porque las tasas suponen en torno al 5% de la recaudación tributaria, y el incremento previsto supone una subida muy moderada", según las mismas fuentes. En cuanto a la tributación del agua, argumentan que se ciñe a la desaladora del Tordera. "En todo caso se racionalizan tasas por la prestación de servicios, pero ni siquiera en este caso hay incrementos".Tanto los sindicatos como las patronales centraron ayer sus críticas en las tasas y la tributación del agua. El dictamen del CTESC asegura que "se continúan gravando servicios básicos que debería garantizar la Generalitat". Pese a que reconoce que "no se crea ninguna nueva tasa", argumenta que se establecen nuevos hechos imponibles, con efecto sobre la recaudación total. Albert Roca, director de Economía y Política Industrial de Pimec, afirmó que el Ejecutivo autónomo "critica sistemáticamente incrementos de precios y salarios por encima del objetivo de inflación, pero es el primero que no se aplica el cuento y fija el incremento de las tasas teniendo en cuenta la inflación pasada". Además, agregó Roca, "no existe ningún registro público sobre las tasas que aplica cada departamento de la Generalitat, por lo que es muy difícil evaluar el efecto final de estas medidas".

El análisis de la patronal Cecot -adscrita a Fomento del Trabajo- va en la misma línea. David Garrofé, vocal del CTESC y secretario general de la organización empresarial del Vallès, afirmó que el incremento de las tasas "no se debe hacer sobre el índice de precios al consumo (IPC) pasado si realmente la Generalitat quiere lanzar un mensaje de moderación de la inflación". "Es obvio que el Gobierno catalán necesita recaudar más impuestos, pero la Ley de Acompañamiento, con incrementos en tasas y cánones y no en otras figuras, no es el instrumento adecuado", explicó Garrofé.

El dictamen establece que el aumento previsto, del 3%, "tiene repercusiones negativas sobre la estabilidad de los precios". Pero es especialmente duro con la tributación del agua. El CTESC critica "las reformas continuadas" de los impuestos relativos al agua, "cada vez más desvinculados del principio quien contamina paga y que no pueden resolver el problema financiero del ciclo hidráulico en Cataluña". Pese a que Economía argumenta que las modificaciones son muy limitadas, para el CTESC los cambios "son sustanciales y no han tenido el consenso de la mayoría de los agentes sociales implicados en la Agencia Catalana del Agua".

Incrementos continuados

El organismo recuerda también que en los últimos años se han producido "incrementos de precios y reformas continuadas y significativas en la estructura del canon del agua", y advierte de que se penaliza a la industria.

CC OO, que emitió el único voto particular, aseguró que el dictamen "va mucho más allá de valorar las medidas que se proponen para descalificar la política seguida por la Generalitat en esta materia. Alfons Labrador, vocal de Comisiones en el CTESC, cuestionó ayer la "dureza excesiva" del dictamen en relación con la tributación del agua, y explicó que las críticas vertidas contra el anteproyecto "son injustificadas a la luz de las leyes de acompañamiento de años anteriores, que introducían muchos más elementos". UGT, sin embargo, considera que "el CTESC ya advirtió el pasado año de que la Ley de Acompañamiento no era un instrumento adecuado. No es de recibo que de nuevo se quieran introducir cambios de tapadillo", explicó Eva Granados.

El Gobierno central decidió suprimir en 2004 la Ley de Acompañamiento ante la constatación de que año tras año se iba convirtiendo en un cajón de sastre en el que se introducían modificaciones legislativas "de forma abusiva", según un recurso de constitucionalidad del grupo socialista. Fuentes de Economía destacaron que el anteproyecto que acompañará los presupuestos -que se presentarán el próximo miércoles- "es totalmente respetuoso con el Constitucional, ya que incluye sólo medidas fiscales, a diferencia de lo que ocurría en el pasado".

Al margen del dictamen sobre medidas financieras, el organismo asesor que preside Rafael Hinojosa emitió ayer también evaluaciones sobre los textos legales relativos a parques eólicos, el plan de la vivienda, el turismo rural y las prestaciones asistenciales.