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El juez pide a los 'okupas' de Jun que prueben su derecho a vivir en los pisos

Uno de los inquilinos que dejó su casa por miedo dice que fue ocupada dos horas después

Un espectacular dispositivo formado por 50 agentes de la Guardia Civil acordonó en la mañana de ayer los tres bloques de viviendas de Jun ocupados por personas procedentes de un barrio marginal de Granada. El objetivo del despliegue, ordenado por el Juzgado de Instrucción número 8 de Granada, era identificar a sus nuevos ocupantes y exigirles que demostraran su derecho a residir en ellos. Si no se presentan hoy ante el juez, se podría decretar su desahucio inmediato.

El despliegue de los agentes comenzó hacia las diez de la mañana de ayer. Guardias de las comandancias de Granada y Sevilla, algunos procedentes del cuartel de Alfacar (el más cercano a Jun), y efectivos de intervención rápida (antidisturbios) acordonaron la zona interrumpiendo el tráfico e impidiendo a los vecinos el paso por los alrededores de los bloques ocupados mientras realizaban su trabajo, que concluyó hacia las dos de la tarde.

Un portavoz del cuerpo aseguró que el fin de la intervención policial no era el desalojo de los ocupantes de los pisos, sino el cumplimiento de las órdenes dadas por el juzgado de Instrucción número 8 de Granada (que investiga el caso). Su titular ha pedido a los agentes que identifiquen a cada uno de los nuevos ocupantes de los pisos, algunos de los cuales accedieron a ellos después de que sus legítimos inquilinos o habitantes los abandonaran por miedo o presuntas amenazas.

Los guardias les notificaron además su obligación de presentarse antes de las once de esta mañana en el juzgado para demostrar que tienen derecho a vivir allí. Esas notificaciones, mostradas por los propios ocupantes, exigían su presencia ante el juez "con justificación documental de cualquier tipo que pueda amparar legalmente el derecho de posesión" de los inmuebles, y les advertían de que en caso de no presentarse se decretaría su "desalojo inmediato".

Juan Heredia, uno de los recién llegados procedente del Polígono del Almanjáyar (uno de los supermercados de la droga de la capital) que se ha erigido en portavoz de los ocupantes, afirmó que acataría las órdenes del juez, pero aseguró que la mayoría de las personas que ahora viven allí no tienen ningún documento que avale su permanencia en las viviendas.

Los habitantes de Jun se congregaron en la plaza del pueblo atraídos por el dispositivo policial y la presencia de medios de comunicación. En un bar cercano, uno de los inquilinos que abandonaron su vivienda por miedo contaba su relato, con la condición de que se ocultara su identidad: "Cuando toda esta gente empezó a aparecer por los pisos, comenzamos a ponernos nerviosos. A medida que los vecinos se fueron marchando, entraron en las casas. A todas horas se escuchaban porrazos; eran los okupas, que tiraban las puertas abajo".

El vecino, miembro de una familia de siete miembros, tampoco quiere decir dónde vive ahora. Asegura que no sufrió violencia y así lo ha hecho constar en su denuncia. "Nos fuimos porque no aguantábamos más. Cuando me iba a trabajar me pasaba todo el día llamando a mi mujer para ver si estaba bien. Ella se puso muy nerviosa, vomitaba todo lo que comía. El jueves pasado decidimos marcharnos. Sacamos todos los muebles pero con las prisas no pudimos desmontar la cocina. Dos horas después volví para mirar el contador de la luz. La puerta de mi casa ya estaba rota y había gente dentro".

Un centenar de vecinos de Jun se concentró ante la puerta del Ayuntamiento hacia las seis y media de la tarde de ayer. Los manifestantes, según el alcalde, José Antonio Rodríguez (PSOE), protestaron por la ocupación ilegal de los tres bloques de la avenida de Granada y por la inseguridad que ha generado en el municipio. El alcalde anunció que el Ayuntamiento se personará hoy como acusación particular.

El PP pedirá hoy la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, José Antonio Alonso, para que explique los hechos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 2 de noviembre de 2005