El juez ordena el desalojo de las viviendas ocupadas a la fuerza en Jun

El juzgado de Instrucción 8 de Granada ha decretado esta noche el desalojo de las personas que ocuparon un edificio de tres bloques de viviendas de Jun después de que estos no pudieron acreditar ningún derecho sobre los pisos, como ser su propietario o vivir en ellas de alquiler. Durante su comparecencia en el juzgado, los ocupantes, la mayoría procedentes del barrio marginal de Cartuja de Granada capital, han admitido que se instalaron de forma ilegal en ellas porque estaban vacías, aunque han negado haber usado violencia y han asegurado que estarían dispuestos a alquilarlas por un precio acorde a sus escasos ingresos.

El auto alude a las "personas que ocupan ilegalmente" las viviendas "ocupadas" de Jun y señala que el desalojo "se llevará a efecto inmediatamente" por la Policía Judicial de la Guardia Civil. Este juzgado había citado hoy a declarar a los supuestos ocupas, a los que un dispositivo de 50 agentes del instituto armado identificó ayer para hacerles entrega de los llamamientos. Estas personas, de etnia gitana, han ido acudiendo a lo largo de la mañana al edificio judicial de La Caleta, donde se han extremado las medidas de seguridad. Cabizbajos, han mostrado el papel en el que se hacía constar que no habían podido acreditar documentalmente ni por cualquier otro medio que tiene derechos sobre las viviendas que moran. Los afectados han asegurado que, si finalmente son desalojados, se van a ir a vivir al Ayuntamiento.

Hasta el juzgado también se han desplazado tres propietarios de viviendas en los bloques afectados, entre ellos la pareja formada por Sergio Gallardo y Nieves Hernández, quienes han indicado que son los dueños de las 44 casas restantes los que deben denunciar la situación y no ellos que, han asegurado, no han tenido "ningún problema" con los okupas. Tras acudir al juzgado, uno de los okupas, Juan Rodríguez, ha reconocido haberse instalado en una vivienda y no disponer de documentos que demuestren que tiene algún derecho sobre ella, si bien ha indicado que entró "porque la casa estaba vacía y sólo había montones de basura".

Rodríguez ha añadido que residía en La Cartuja en una vivienda con su mujer, sus dos hijos pequeños, sus padres "y 20 personas más", y que se enteró de que "en Jun había casas vacías", por lo que decidió irse a una de ellas para disponer de más espacio. Rodríguez ha comentado que está dispuesto a pagar por una vivienda "pero poco", ya que sus ingresos son "escasos", así como que se irá con su familia de la casa de Jun si les llega la orden de desalojo. "No se nos puede echar a la calle como perros porque somos personas", ha manifestado Rodríguez, quien ha pedido que, aunque se les desaloje de los tres bloques del pueblo granadino, se les ofrezca "una solución y un techo".

Denuncian el "clima de racismo"

También ha comentado que tienen "un poco de miedo por el clima de racismo que se está creando en Jun, ya que en la concentración de ayer se gritaron consignas como no queremos gitanos ni delincuencia". Gracia y Josefa, dos jóvenes madres con niños pequeños, también han reconocido haber ocupado las viviendas porque necesitaban "dar un techo" a sus hijos, y han insistido en que "nunca" utilizaron la violencia para instalarse en unas casas que "estaban vacías y sucias" y que ellas se encargaron de acondicionar.

Un vocal de la Asociación de Vecinos Paloma Blanca de La Cartuja se ha acercado al juzgado para expresar su apoyo a los okupas, en su mayoría procedentes de ese barrio, de donde "no les ha echado ninguna mafia rumana", como se dijo en un principio. El vocal ha dicho que los pisos estaban "vacíos, apolillados y rotos", que "nadie ha usado la violencia para ocuparlos" y que "ninguno se niega a pagar por una casa, pero todos tienen ingresos limitados y deberían pagar acorde con ellos". Por el Juzgado de Instrucción número 8 también han pasado familias que tienen alquilados pisos como la de Carlos Arranz, quien ha aportado el contrato de alquiler firmado en 2001, o un matrimonio que vive en los bloques desde hace más de dos años pero que sólo ha podido documentarlo con un certificado de empadronamiento.