Los pulmones de la justicia

"Ellos sabían que nos estábamos jugando la salud cuando trabajábamos con amianto y lo consintieron". Con esta frase resume Francisco Martínez, presidente de la Asociación de Trabajadores Afectados por el Amianto, el origen de una larga lucha cuyo final empieza a escribirse ahora. El colectivo se creó en Alicante a mediados de los noventa a raíz de la proliferación de operarios enfermos por asbestosis -afección pulmonar por la inhalación de polvo de amianto- en la extinta factoría de Fibrocementos de Levante, del grupo Uralita, radicada desde 1950 en Sant Vicent del Raspeig. Un grupo de seis trabajadores, liderados por Martínez, optaron en marzo de 1998 por denunciar a la dirección de la empresa por la vía penal.

"Queremos un juicio rápido, y no un juicio para nuestras viudas", dice un afectado

Siete años después, los ex trabajadores de la planta que sobrevivieron a esta grave enfermedad profesional -un 10% de los 300 operarios de la fábrica ya ha fallecido, según datos de Martinez- comienzan a ver la luz al final de un largo túnel. El juez instructor concluyó la semana pasada la investigación judicial. El magistrado ha trasladado la causa al decanato de Alicante para que un Juzgado de lo Penal fije la vista oral. El fiscal de Delitos Laborales de la Audiencia de Alicante, Juan Carlos López Coig, prevé que el juicio comience a finales de enero de 2006.

Desde finales de los noventa, más de medio centenar de trabajadores de la ya extinta factoría de Fibrocementos de Levante, en Sant Vicent del Raspeig, fueron diagnosticados con el síndrome laboral de la asbestosis. De éstos una decena ya ha fallecido y otros tantos sufren la enfermedad en un estadio muy avanzado. Sin embargo, en su investigación, el fiscal incluye ocho víctimas mortales y 29 enfermos graves por asbestosis. Se trata de la afección laboral de mayor impacto mortal registrado en la provincia de Alicante, después del síndrome Ardystil -intoxicación por inhalación de productos químicos- que en 1992 costó la vida a cinco operarios y causó más de un centenar de afectados en Alcoi.

El fiscal pide una pena inicial de tres años de cárcel para cada uno de los cuatro procesados, Jesús Pérez Domene y Carmelo Blay (ambos ex jefes de personal de la fábrica) y los médicos de la factoría Alberto Clemente Regidor y Miguel Ángel Sarabia Romero. El ministerio público imputa a los acusados ocho delitos de homicidio por imprudencia y 29 lesiones. El fiscal pide una indemnización de 240.000 euros para cada uno de los afectados.

El amianto fue un silicato sobreutilizado en la década de los setenta como material de construcción. Los efectos nocivos descubiertos posteriormente motivaron su eliminación de las actuaciones urbanas. Pero muchos de los trabajadores que estuvieron expuestos a este mineral quedaron marcados de por vida. Actualmente, muchos han desarrollado fibrosis pulmonar, cáncer de pleura de pulmón, o de laringe, entre otras patologías. Los síntomas más habituales es la fatiga, el cansancio.

Desde 1990, sólo en Alicante la asbestosis ha hecho aparición en más de 65 antiguos trabajadores de la factoría de Fibrocementos de Levante, del Grupo Uralita. En 1995, seis operarios afectados impulsaron la Asociación de Enfermos por el Amianto, en Alicante, abanderada de una ardua batalla judicial que está a punto de concluir. La aspiración de todos, singularmente de los que tienen la enfermedad muy avanzada, es comprobar que los que, por acción u omisión, supuestamente posibilitaron el síndrome laboral sean castigados por la ley.

"Queremos un juicio rápido y no un juicio para viudas". Esta frase encabeza la principal reivindicación del colectivo de afectados. Emilio Martínez, abogado de los seis operarios que inicialmente constituyeron la asociación [dos de ellos ya fallecidos] ha denunciado sistemáticamente la dilación judicial, sobre todo, porque muchos de los afectados están graves.

Además de la vía judicial el colectivo de ex trabajadores que lidera Francisco Martínez ha tenido que librar otras batallas no menos arduas, en este caso en el ámbito administrativo. La Seguridad Social es reacia a reconocer la pensión por enfermedad profesional. "Tenemos que a acudir a los tribunales para lograr el reconocimiento de las pensiones", afirma Martínez.

El último objetivo de Martínez, aparte de que finalmente se juzgue a los procesados por un supuesto delito contra la seguridad de los trabajadores, es ver la desaparición total del centro del trabajo que erosionó su salud. Tras su clausura en 2003, la dirección del grupo Uralita anunció el desmantelamiento de la fábrica de San Vicent del Raspeig. Dos años después, sólo se ha eliminado la techumbre. "Hay que demoler cuanto antes la fábrica porque el amianto aún está presente y, ahora, con mayor riesgo porque está al aire libre", concluye Martínez.