Los promotores piden a PP y PA que recurran al Constitucional la reforma de la Ley del Suelo

La patronal que aglutina a las principales empresas del sector inmobiliario mostró ayer su abierto rechazo a la reforma de la Ley del Suelo, aprobada el miércoles en el Parlamento, que suprime las diferencias entre las viviendas turísticas y las residenciales. El presidente de Fadeco Promotores, Francisco Javier de Aspe, acusó a la Consejería de Obras Públicas de querer un "poder omnímodo" y de tener una actitud "fundamentalista". Fadeco Promotores solicitó a PP y PA que recurran la reforma de la ley ante el Tribunal Constitucional y exigió dimisiones en Obras Públicas.

De Aspe mantuvo en conferencia de prensa que si se aplican las modificaciones recién aprobadas se paralizará el sector inmobiliario y turístico. Y exigió responsabilidades políticas. "Si una enmienda que sale de una Consejería determinada es enmendada por el Gobierno, entiendo que la responsable de la enmienda debe dimitir o cesar a los responsables ideológicos de esta norma", manifestó. El grupo parlamentario socialista intentó en el último momento cambiar algunas enmiendas con un resultado desigual. Su intento de suavizar, mediante una enmienda in voce, la definición de las viviendas de segunda residencia como de uso residencial -lo que igualda las exigencias de equipamientos públicos y de VPO a las de las viviendas habituales-, se frustró por el rechazo de IU. Pero apoyó una enmienda del PP para que en las urbanizaciones de baja densidad se pueda cumplir la obligación de destinar el 30% del suelo a VPO con compensaciones en otras áreas.

Lo que más ha irritado a los promotores inmobiliarios es que Obras Públicas sólo dé la consideración de suelo de "uso global turístico" aquel que "mayoritariamente" contempla hoteles y apartahoteles. De esa manera lo diferencia del uso residencial y obliga a hacer una modificación del planeamiento urbanístico para reconvertir hoteles en viviendas, como una manera de atajar un fenómeno que se está extendiendo en el litoral. "Se puede producir algo tan absurdo como que no se puedan construir viviendas si no hay demanda para construirse hoteles, y aplicando el 51 por ciento hotelero como dice la ley no se podrán hacer nunca viviendas, es la pescadilla que se muerde la cola", discrepó De Aspe, quien advirtió: "todo intervencionismo supone al final un crecimiento de los precios".

El secretario general de Fadeco, Juan Aguilera, centró sus críticas en la forma en que se ha tramitado esta reforma. Aguilera afirmó que la Junta había negociado durante 10 meses, con más de 20 reuniones, las modificaciones con los agentes económicos y sociales. Un consenso que se refrendó en el Consejo Económico y Social de Andalucía, que respaldó la norma por unanimidad. "Para que al final la Junta tuviera este comportamiento e introdujera estas enmiendas", sintetizó.

Para Aguilera, la situación normativa en materia urbanística es ahora una "maraña de normas perversa, que trata de paralizar al sector que más contribuye al desarrollo". Según dijo, la ley es "perversa" porque la Junta "es conocedora de que no existe demanda de plazas hoteleras, sino sobreoferta; sin embargo, la norma impulsa la obligatoriedad de hacer hoteles, incluso allí donde no se necesita". Aguilera recordó que existen más de 400 ayuntamientos que ya han tramitado su plan urbanístico para adaptarlo a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, de 2002, y hay otros tantos que se encuentran inmersos en el mismo. "Ahora se crea una nueva norma que modifica en 60 artículos a la Ley de Ordenación Urbanística, ¿dónde quedan los planeamientos modificados o que se están modificando?", se preguntó.

"Todo tiene arreglo"

La consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, se mostró ayer comprensiva con las críticas de los empresarios - "toda persona que tiene un negocio puede pensar que puede llegar a perder dinero cuando se tramitan leyes sobre sectores económicos", dijo- y precisó que "si ha habido algún artículo en el trámite parlamentario con el que se ha podido constreñir a algún sector, tiene arreglo como todo en la vida".

La consejera, que no detalló como se hará ese "arreglo", defendió que la Ley de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, aprobada el miércoles en el Parlamento con el rechazo de PP, IU y PA, es "fantástica" por imponer a "todos" la reserva de un 30% del suelo para la construcción de vivienda protegida. Con esta medida, según destacó la titular de Obras Públicas, se podrá facilitar el acceso a la vivienda a los "jóvenes de los 1.000 euros", en referencia a sus ingresos medios mensuales.