El PP apoya en Castellón una moción socialista sobre el Estatut catalán

El Ayuntamiento de Castellón aprobó ayer, con los votos del PP, una moción presentada por los socialistas sobre la reforma del Estatut d'Autonomia de Cataluña. La resolución, similar a la que fue aprobada en Elche hace unos días, se limita a solicitar que el texto se adecue a la Constitución, a diferencia de otra moción planteada recientemente por el PP que arremetía contra la inconstitucionalidad del proyecto.

La moción sobre el Estatut catalán aprobada ayer por el pleno del Ayuntamiento de Castellón, con los votos a favor del PP y del PSPV, es prácticamente un calco de la planteada por el PSPV de Elche, cuya corporación la aprobó el lunes pasado. Sin embargo, el escrito dista mucho del planteado hace unos días por los populares en el que sostenían la inconstitucionalidad de la reforma presentada por el Parlamento catalán. El texto aprobado ayer, únicamente reclama al Congreso de los Diputados que el proyecto de reforma del Estatut catalán se adecue a la Constitución y, particularmente, al artículo 2 y al título VIII, que habla de la "indisoluble unión de la nación española", así como de la organización territorial del Estado, con los principios generales de "solidaridad e igualdad territorial".

Ni el PP ni el PSPV entraron a debatir la moción consensuada, mientras que los dos concejales del Bloc votaron en contra "por coherencia", tal como indicó Enric Nomdedéu, que hizo referencia a otra moción presentada por su grupo antes de que se aprobara la reforma del Estatut valenciano cuyo contenido no quiso debatir el PP porque, según dijo su portavoz, Miguel Ángel Mulet, un pleno municipal no era el lugar adecuado para dicho debate.

El maratoniano pleno celebrado ayer aprobó también una modificación de crédito para el pago de más de 60 facturas de años anteriores. El portavoz adjunto del grupo socialista, Miguel Alcalde, destacó varias entre las que sobresale una por la "ilegalidad" que admite, en su opinión. La factura hace referencia a las becas de unos cursos de formación realizados en 2002 durante los que, según el informe de la concejal responsable, Carmen Amorós, los alumnos "firmaron recibos" sin haber percibido la ayuda. Según el documento, rubricado por la edil del equipo de gobierno, "queda confirmado que al cierre del proyecto los alumnos no habrían percibido las becas dado que, a pesar de que sí habían firmado unos recibos en los que figuraba una fecha de abono correcta, la realidad es otra". La factura se pagará porque "a pesar de las irregularidades" tal como admite, las becas, finalmente, sí fueron abonadas. El PP no otorgó ninguna explicación ni contestó si ha adjudicado más cursos de formación a la empresa responsable de estas "irregularidades". Amorós únicamente dijo que aclarará la factura y, como el resto de su grupo, votó a favor de pagarla.

De las más de 60 facturas de ejercicios anteriores aprobadas ayer, el 62% corresponden a la Concejalía de Urbanismo y están fechadas, según denunció el grupo socialista, poco antes de que el entonces edil responsable, Alberto Fabra, tomara posesión como alcalde. De ellas, un tercio son facturas de pago a medios de comunicación, según añadió, con la aclaración del PP de que se trata de anuncios oficiales.