CiU reclama la retirada del anteproyecto de ley de la vivienda y Milà replica que tiene apoyo social

El anteproyecto de ley de la vivienda aún no ha sido aprobado por el Consell Executiu y, por lo tanto, no ha llegado como proyecto para ser discutido en el Parlament, y ya ayer el consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Salvador Milà, fue objeto de dos preguntas al respecto. La primera fue una perita en dulce. La hizo la diputada de ICV Bet Font y sirvió para que el consejero se luciera y calentara motores ante lo que preveía que se le iba a venir encima: el diputado de CiU Carles Puigdomènech, quien, previsiblemente, no iba a andarse por las ramas. No lo hizo. A las primeras de cambio reclamó la retirada del texto y, en el peor de los casos, la supresión de la parte que posibilitará expropiaciones de pisos semiabandonados. Milà le dijo que no a las dos cosas y adujo que la ciudadanía no ve con malos ojos que alguien haga hincapié en la situación de la vivienda.

En el calor del debate, la cosa fue a más. Puigdomènech sugirió que el consejero está creando alarma social entre la población con este anteproyecto y Milà le replicó en tono más que coloquial reclamando que no dijera "chorradas" (bajanades). No contento, calificó luego la intervención del diputado nacionalista de "tonterías".

La segunda expresión no molestó a Puigdomènech, pero sí la primera, y reclamó al consejero que se disculpara. Lo hizo proponiendo que se sustituyera la expresión por la siguiente petición: "Que no se deforme lo que dice el texto de la ley y que no se me atribuya crear alarma social, que no se me atribuya lo que otros hacen de forma muy interesada y orquestada con apoyos económicos muy potentes".

El consejero lleva días reflexionando sobre si los ataque que se han dirigido contra este anteproyecto están relacionados sólo con el texto sobre vivienda o si forman parte de un acoso más amplio hacia el sector más izquierdista del tripartito (ICV), de modo que se haga saber al presidente Pasqual Maragall que el empresariado no ve con buenos ojos la oposición a Bracons, a la interconexión eléctrica con Francia y a frenar determinados proyectos de ocupación de territorio (aeropuerto, zonas de regadío en Lleida) en nombre de la directiva europea que impone la protección de determinadas zonas al amparo de la Red Natura 2000.

Los argumentos de Puigdomènech, en cualquier caso, se centraron en el anteproyecto de la vivienda. Sugirió que la propuesta de Milà prefiere la coerción a la colaboración con los propietarios, aunque es más cara que construir vivienda protegida, es ineficaz porque con ella se conseguirán muy pocos pisos, es arbitraria y vulnera los derechos de la población a cerrar una casa si le da la gana. Milà adujo que el Gobierno pretende realizar políticas serias de promoción y para ello necesita una base legal sólida. Invitó a la oposición a ser constructiva y, sobre todo, a no ser "frívola". "El objetivo de la ley", dijo Milà, "es activar el conjunto del parque de viviendas", de modo que es una "tontería" sugerir que se quieren expropiar las segundas residencias.