Miguel Osuna defiende su inocencia en las irregularidades de la Zona Franca de Cádiz

El ex delegado del PP en la Zona Franca de Cádiz Miguel Osuna declaró ayer en el juzgado de Instrucción número 4 de la capital gaditana que actuó "en todo momento con legalidad" durante su gestión al frente de este organismo entre 2001 y 2004. Este dirigente popular, que está imputado por un presunto delito societario en las supuestas irregularidades detectadas por la Abogacía General del Estado, defendió su inocencia durante las dos horas que duró su declaración. Quien no compareció fue el otro ex delegado imputado, Manuel Rodríguez de Castro.

Su ausencia la justificó con el argumento de que no ha recibido la notificación de la querella ni la citación judicial de comparecencia, según afirmó ayer su abogado. El juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz inició ayer la toma de declaraciones en la querella que presentaron conjuntamente el pasado mes de agosto la Abogacía General del Estado y la Zona Franca por los contratos de 6,7 millones de euros que suscribió este organismo con las empresas Miami Free Zone y Telvent para crear una red informática que nunca existió. A Rodríguez de Castro se le acusa de varios delitos de apropiación indebida, malversación de fondos públicos, fraude, prevaricación y exacciones ilegales. La acción penal contra Osuna es por un presunto delito societario.

La querella incluye también a los empresarios Germán y Carmen Leiva, a los que el abogado del Estado José Ignacio Monedero acusa, junto con Rodríguez de Castro, de crear la empresa ficticia Miami Free Zone -con sede en EE UU- a la que adjudicaron un contrato millonario para supuestamente "apropiarse indebidamente" de 4,2 millones de euros de Rilco, una sociedad de la Zona Franca que apenas registró actividad y arrastra un balance deficitario desde que la creó Rodríguez de Castro en 1998.

Esta múltiple querella incluye además a Telvent Interactiva -filial de Abengoa-, que recibió un contrato de 2,5 millones para colaborar en la creación de la red informática que nunca llegó a funcionar, porque "existen indicios de que participó en la maquinación fraudulenta". A Osuna se le acusa de mantener este contrato y autorizar los últimos pagos pese a que tuvo conocimiento del supuesto fraude tras encargar varios informes.

El primero en declarar en este proceso fue Osuna, quien respondió a las preguntas del juez y de los tres abogados del Estado. A su salida de los juzgados, afirmó: "He contestado a todas las preguntas que me han hecho. Estoy a disposición del juez porque es un tema muy complejo".

Osuna compareció junto con su nuevo abogado Felipe Meléndez, quien detalló que la aspiración de su defensa es que a su cliente se le retire la calificación de imputado. "Esperamos que así sea con Miguel Osuna porque se ha contado la verdad y no hay ningún intento de ocultar datos ni documento al que podamos acceder", dijo.

En ningún momento, ni Osuna ni su nuevo letrado hicieron referencia a las declaraciones que hace tres semanas hizo el anterior abogado del ex delegado popular, José Luis Ortiz. Este letrado afirmó en sede judicial que su cliente fue designado por el PP para "arreglar los desmanes de una casa que era un desastre" y para "limpiar la mierda" que había en el recinto fiscal gaditano cuando su antecesor Rodríguez de Castro se vio obligado a dimitir ante las numerosas denuncias de supuestas irregularidades que trascendieron sobre su gestión. Se trata de la primera ocasión en la que alguien relacionado con un dirigente del PP afirma que esta formación intentó supuestamente "limpiar" el mandato bajo sospecha de Rodríguez de Castro, como han denunciado PSOE e IU.

"Cerrar esta herida"

El abogado de Rodríguez de Castro, José Antonio Bosch, dijo que su cliente no ha recibido notificación de la querella en la que está imputado ni citación para declarar. "Mi cliente tiene toda la predisposición para comparecer en este caso porque para bien o para mal quiere cerrar esta herida que dura ya cinco años", dijo Bosch, quien detalló que Rodríguez de Castro no reside en España. "El juzgado tendrá mal la dirección de mi cliente porque es una persona que viaja mucho", dijo.

Por otra parte, el PSOE no pudo ejercer la acusación popular porque el juez pidió al abogado de esta formación, Gabriel Escalante, el pago de una fianza de 10.000 euros para participar en el proceso. El diputado del PSOE por Cádiz Rafael Román anunció que satisfarán esta fianza en los próximos días.