Penas más duras y pocas alternativas

Las cárceles no tienen reservado el derecho de admisión. Todo cliente enviado por los jueces halla acomodo, por el tiempo que sea. El ritmo de aumento de la población penitenciaria (un 3,2% en lo que va de año), sin cárceles nuevas aún, ha llevado a Mercedes Gallizo, directora de Instituciones Penitenciarias, a plantear una reflexión: "Ha llegado el momento de que la sociedad supere la idea de que las prisiones son el destino inevitable al que están abocadas todas las personas que llegan a vulnerar las normas penales". ¿Cómo es posible que España tenga la tercera mayor tasa de población reclusa, 144 presos por 100.000 habitantes, muchos más que Francia o Italia? El Reino Unido, donde el total de presos crece en 250 personas por semana, se pregunta lo mismo. Ambos países construyeron 13 cárceles cada uno entre 1996 y 2003, con 18.500 nuevas plazas en el caso británico y 10.027, en el español. Y ya están llenas.

Gallizo: "Las reformas han alargado la estancia en las cárceles, que se sobreocupan"

Lorenzo Morillas: "El efecto de los cambios de 2003 aún no ha llegado a las prisiones"

Cinco expertos opinan sobre el caso español y sus soluciones: Mercedes Gallizo; la jurista y portavoz del PP en la Comisión de Interior, Alicia Sánchez Camacho; el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Granada Lorenzo Morillas, miembro de una de las comisiones que participó en la reforma del Código Penal de 2003; el magistrado Arturo Beltrán, presidente de la Sección Quinta de la Audiencia de Madrid, máxima instancia judicial penitenciaria en la comunidad; e Iñaki Rivera Beiras, director del Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, de la Universidad de Barcelona.

Todos, salvo Sánchez Camacho, coinciden en que la causa fundamental del imparable aumento de reclusos está en el endurecimiento de las penas del Código Penal de 1995, reforzado aún más en 2003; las dificultades en el acceso al tercer grado y a la libertad condicional; la introducción de nuevos delitos de peligro abstracto; un cierto abuso de la prisión preventiva y la mayor presencia de delincuentes llegados de otros países. En plata: más presos, por más tiempo y sin poder redimir pena.

"Los neoconservadores de Estados Unidos han exportado a Europa, y por supuesto a España, una política de populismo punitivo, de tolerancia cero, que se traduce en políticas de barrido de los delincuentes de las calles y de endurecimiento de las penas", asegura Rivera. "El panorama es preocupante, y lo único que se les ocurre a los Gobiernos es construir más cárceles. El problema no es sólo que cada vez haya más presos, sino que no tienen posibilidades de redención, y se crea una tensión máxima. Y no es cuestión de PP o PSOE. Ambos votaron las reformas", añade.

Morillas analiza la situación en una línea similar. "Se ha producido un expansionismo del Derecho Penal, es decir, que hay más delitos y más penas. Hay un expansionismo racional para una sociedad de riesgo, como es el que afecta, por ejemplo, a los delitos de Internet o del tráfico; y otro irracional, que intenta paliar los fallos de la sociedad. Esto, en épocas de sensación de inseguridad ciudadana, se traslada al Derecho Penal". Uno de los problemas que ve Morillas es que la reforma del Código Penal de 2003 (que consagró el cumplimiento íntegro de las penas y dificultó el tercer grado y la libertad condicional) aún no ha surtido efecto en las cárceles. "La reforma de 1995 tardó dos años en apreciarse, y la de 2003 se empezará a ver ahora, con una mayor presión sobre el sistema".

Beltrán coincide en que la culpa es, fundamentalmente, del endurecimiento de las penas, "y del cambio que se ha operado en España de una sociedad preindustrial a una tecnológica, algo que no se sabe aún bien cómo se ha encajado". Explica que el crecimiento de la población y de la delincuencia foránea ("no de la inmigración, que es gente que viene a trabajar, no a delinquir", matiza) ha contribuido a la situación actual. "Con las normas más duras se crea un ambiente de inseguridad, y para los jueces es más fácil justificar una prisión preventiva que la libertad".

Los análisis son parcialmente coincidentes con el de Gallizo. "Es evidente que las reformas de la legislatura pasada alargan el tiempo de estancia en las prisiones, que se sobreocupan", argumenta. "La reflexión que debemos trasladar es que el abuso de las penas en régimen cerrado desvirtúa el sistema. El plantear medidas para flexibilizar el sistema acarrea riesgos, pero no hacer nada también es un riesgo, porque puede haber más conflictos en las cárceles y menos posibilidad de tratamiento", continúa.

La directora de Prisiones añade que las medidas de endurecimiento de las penas "no vinieron acompañadas por parte del Gobierno del PP de un plan de construcción de centros, porque pensaban que la población reclusa no crecería".

La diputada del PP Sánchez Camacho reniega de este planteamiento. "Si hay más gente en la cárcel es porque se delinque más", sentencia. "El endurecimiento del Código Penal fue debido a una demanda social, pero en los últimos dos años, el actual Ejecutivo no ha hecho nada. Y tampoco se están adoptando medidas sociales para impedir que crezca la delincuencia". A su juicio, el alargamiento de las condenas fue "muy bien recibido por la sociedad y redujo la reincidencia".

Así las cosas, ¿qué se puede hacer? "En la UE hay un debate sobre la flexibilización del sistema que aún no ha llegado a España, en el que se tiende a una apuesta fuerte por las penas alternativas, las libertades condicionales, la semilibertad, el cumplimiento de penas en centros de deshabituación por parte de los toxicómanos, las medidas telemáticas y los trabajos en beneficio de la comunidad", asegura Gallizo. "Lo primero que debemos hacer es administrar lo que tenemos y multiplicar las actividades en la cárcel, como el trabajo productivo, porque mucha gente en los patios y sin hacer nada genera problemas. Todo ello combinado con medidas sociales que atajen las causas del delito".

"La reflexión de Gallizo es muy interesante", añade Beltrán. "Pero las medidas no son fáciles y no dan votos". Morillas agrega que lo vital es frenar la entrada en prisión. "El 70% de los presos está en la cárcel por delitos de narcotráfico y contra el patrimonio, muchas veces asociados. Si un delincuente drogadicto se deshabitúa, posiblemente no volverá a delinquir, porque la causa del delito desaparece".

La coincidencia total es que para los delitos graves, para las condenas de larga duración, no hay alternativa. "Quizás habría que reservar la cárcel para los delitos más graves", dicen casi con las mismas palabras Gallizo y Beltrán. "Sólo con cumplir la ley, para que se permitiera el acceso a la libertad condicional de quienes han cumplido las dos terceras partes de la pena, se liberarían miles de celdas", asegura Rivera. "Claro que hay que tomar medidas para prevenir y evitar el delito", afirma Sánchez Camacho. "A las penas de prisión se pueden buscar alternativas, como el control telemático, pero eso no resuelve el problema porque afecta a poca gente", concluye.