Bancaja investiga a un alto directivo que intentó un 'pelotazo' en Tavernes de Valldigna

Bancaja, principal institución financiera valenciana, investiga a su director de Inversiones, Arturo Alario, en un caso de supuesto uso de información privilegiada, según comunicó ayer la entidad en una declaración pública. Alario compró junto a tres familiares terrenos en el polígono de Tavernes de Valldigna donde la caja proyecta urbanizar cuatro millones de metros cuadrados un mes antes de que la entidad hiciera público el proyecto, según desveló ayer el diario Levante. Bancaja reconoció ayer como cierta la compra de estos terrenos por parte del directivo.

El director de Inversiones es primo del alcalde del PP de esta ciudad de La Safor

Arturo Alario, que lleva años al frente del departamento de Inversiones de Bancaja y ocupa también cargos directivos en la sociedad inmobiliaria del grupo, CISA, compró junto a su esposa, su hermano y la esposa de éste, terrenos en el polígono de Tavernes de Valldigna donde la caja proyecta la urbanización de la Vall de Mar, una extensión de más de cuatro millones de metros cuadrados en los que prevé invertir 1.800 millones de euros.

Según este rotativo, la compra de suelo, unas cinco hanegadas de terreno, se firmó ante un notario de esta localidad de La Safor el pasado 6 de mayo, justo un mes antes de que la entidad financiera hiciera público su intención de desarrollar el proyecto urbanístico. Según recoge el diario, los precios de los terrenos en la zona antes de conocerse el proyecto urbanizador iban de los 18.000 a los 36.000 euros por hanegada.

Afecopa, asociación de propietarios afectados por el PAI de la Vall del Mar, ha desvelado toda la documentación oficial del Registro de la Propiedad. Según esta asociación, prosigue el citado diario, el alcalde de Tavernes, Eugenio Pérez Mifsud, del PP, y primo hermano de Arturo Alario, rechazó el pasado mes de julio la propuesta de los grupos de la oposición para que el ayuntamiento investigara las compras realizadas por entidades o particulares en la zona afectada por el PAI desde el año 2002. El alcalde respondió entonces que el ayuntamiento no debía sufragar esa investigación a la vez que invitaba a los interesados a investigar con su dinero y a título personal este asunto.

Bancaja, que preside José Luis Olivas, ex presidente de la Generalitat con el PP, reaccionó ayer tras hacerse públicos los hechos y difundió una declaración pública donde la caja de ahorros reconoce como cierta la información sobre la compra de terreno por parte de uno de sus directivos en el proyecto de urbanización de La Vall de Mar de Tavernes. La entidad reconoce que Alario -al que no menciona en el comunicado- hizo estas compras antes de que el PAI se hiciese público, precisa que no conocía este asunto antes de que ayer se hiciese público y anuncia una investigación "ante la posibilidad de un supuesto uso de información privilegiada". Bancaja añade que además de la normativa laboral, la caja cuenta con un código de conducta interno donde se establecen los principios de actuación de sus empleados y deja constancia de que la investigación servirá para determinar "la existencia o no de responsabilidades con total respeto de los derechos y garantías legales del directivo". Por último, la entidad financiera se compromete a hacer públicos los resultados de la investigación "tan pronto finalice".

El proyecto de La Vall de Mar se ha visto salpicado poco después de presentarse, el 8 de junio de 2005, por la polémica. Según anunció entonces, Bancaja, a través de su filial Actura, pretende desarrollar una urbanización de 700.000 metros cuadrados -propiedad de unos 2.600 propietarios distintos- con 4.000 casas, un centro comercial, un parque tecnológico y dos campos de golf. A finales de junio mismo, unos 2.000 afectados por el PAI se constituían en asociación de interés urbanístico para defender sus intereses. El concejal de Urbanismo de Tavernes, el popular Antoni Bono, reiteró entonces la postura favorable de su partido hacia el proyecto. El Bloc Nacionalista Valencià ya expresó entonces su oposición al proyecto por su tamaño y lamentó entonces que una entidad como Bancaja apostase por ese tipo de actuaciones.

Bancaja, a través de su división inmobiliaria CISA-Actura, tiene en el negocio inmobiliario un gran peso. El grupo, según datos proporcionados por la entidad, gestiona 56 millones de metros cuadrados y tiene en propiedad 1,3 millones de techo, con capacidad para edificar 12.000 viviendas. En Valencia participa entre otros en los PAI de Carcaixent, Bétera o la Pobla de Farnals y también en el PAI de El Puig.

Bancaja, a través de sus filiales inmobiliarias, es también uno de los socios habituales del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) de la Generalitat, que depende de la consejería de Rafael Blasco. Juntos van en los proyectos de la localidad de San Antonio de Benagéber o en el PAI, situado en el mismo término municipal, de La Conarda. En el caso de Tavernes de Valldigna, Bancaja era la única urbanizadora y se daba la circunstancia, según fuentes crediticias, de que no tenía en propiedad prácticamente nada de suelo sobre el que se proyectaba el PAI.