Precio terrible

Los problemas de naturaleza territorial no suelen figurar entre las preocupaciones de los ciudadanos. En todos los barómetros conocidos, empezando por el que regularmente hace el CIS y siguiendo por todos los demás, no ha aparecido nunca como un problema que figurara de manera destacada la reforma de los estatutos de autonomía. Ni en Cataluña ni en ninguna otra comunidad autónoma.

Pero el que no figuren no quiere decir que los ciudadanos, los de todas las comunidades autónomas, no sean conscientes de que el problema de la distribución territorial del poder, el de cómo hacer compatible el poder del Estado con el de los entes territoriales de ámbito inferior al Estado, es el problema más importante al que la sociedad española tiene que hacer frente y que de la manera que le dé respuesta va a depender que la convivencia se mantenga como una convivencia pacífica, sin sobresaltos.

El problema del PP es que no dispone de minoría de bloqueo en las dos comunidades más importantes

Por eso, los errores que cometen o pueden cometer los partidos políticos en este terreno reciben una sanción por parte de los ciudadanos de consecuencias extraordinarias. No hay error que se pague tan caro como el que afecta a la posición de un determinado partido respecto de la estructura del Estado.

En Andalucía lo sabemos bien. La UCD que, en las elecciones generales de 1977 y 1979 y en las municipales de 1979, estaba prácticamente empatada con el PSOE, desapareció de facto como partido político después del 28-F. Un error, garrafal, pero un solo error, anuló todos los méritos que UCD había acumulado pilotando la transición. Puede parecer injusto, pero es así. El error del pacto de Alejandro Rojas-Marcos con Martín Villa, tras el 28-F, ha dejado al PA como un partido prácticamente extraparlamentario en las Cortes Generales y ha reducido de manera extraordinaria su presencia en el Parlamento andaluz.

No hay nada en política que los ciudadanos sancionen con tanta intensidad como lo que ellos entienden que es un error relacionado con la definición de la estructura del Estado. Y de una manera tan prolongada en el tiempo. El centro-derecha español, a pesar de su refundación en un partido distinto, todavía no se ha recuperado en Andalucía del batacazo del 28-F de 1980, es decir, más de veinticinco años después. Su fragilidad política en nuestra comunidad autónoma viene de entonces.

Esta es la razón por la que hay tanta tensión en el debate sobre la reforma estatutaria catalana. Los dos partidos de gobierno de España, PSOE y PP, saben que se la están jugando. Quien se equivoque va a pagar un precio terrible.

La parcialidad territorial es el error en el que puede incurrir el PSOE. Fue el error de UCD. Considerar que el problema de la estructura del Estado era un problema básicamente catalán y vasco, que tenía que tener una respuesta claramente diferenciada para esas dos comunidades autónomas respecto de la que tuvieran las demás. Esa parcialidad territorial fue la que deslegitimó a UCD como partido de Gobierno de España. No se puede decidir la estructura del Estado español en clave catalana y vasca, sino que hay que decidirla en clave española. Esto era así en 1980 y lo es todavía más en 2005. Lo que le ocurrió a UCD puede ocurrirle al PSOE. Tanto en el debate de la reforma del estatuto catalán, como en la del estatuto vasco que vendrá después. Todas las cautelas que tome son pocas. Porque una vez que los ciudadanos se forman su opinión acerca de la parcialidad territorial del Gobierno de la nación, es casi imposible que la corrijan. De ahí la importancia del discurso que el presidente del Gobierno tendrá que pronunciar en el Pleno del Congreso de los Diputados el 2 de noviembre, en el debate de toma en consideración del proyecto de reforma aprobado por el Parlamento de Cataluña.

El PP no puede incurrir en parcialidad en este momento, pero sí puede cometer el error de quedarse fuera del debate estatutario y marginarse, en consecuencia, de lo que puede ser el marco en el que durante los próximos decenios se va a desarrollar la vida política. Si el PP no consigue que el Congreso de los Diputados rechace de plano el proyecto de reforma, como está proponiendo, va a tener que decidir si participa en la negociación entre la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados y la delegación del Parlamento de Cataluña, que se desarrollará durante dos meses, previsiblemente, a partir de febrero de 2006.

Si el Partido Popular se margina de la negociación de la reforma del estatuto catalán y éste finalmente se redacta en unos términos que son aprobados en referéndum por los ciudadanos catalanes y a continuación es ratificado por las Cortes Generales y promulgado y sancionado por el Rey, ¿qué puede hacer el PP a partir de ese momento? El estatuto únicamente será modificable en los términos previstos en el propio estatuto, es decir, con una mayoría de dos tercios en el Parlamento de Cataluña, que jamás serán alcanzables para el PP. ¿Cómo puede hacer política un partido de Gobierno de España que rechaza frontalmente una norma tan importante como es un estatuto de autonomía, que no puede reformar?

Lo lógico sería que tanto el PSOE como el PP llegaran a un acuerdo. Por puro egoísmo. Únicamente el concurso del PP daría garantías absolutas al PSOE de que su posición no sería percibida como una posición parcial territorialmente. Únicamente un acuerdo con el PSOE permitiría al PP poder participar en un debate en el que su concurso no es imprescindible. Porque el problema del PP procede de que, en las dos comunidades más importantes, Andalucía y Cataluña, no dispone de minoría de bloqueo para impedir la reforma estatutaria.