La Generalitat garantiza la constitucionalidad del proyecto

El Instituto de Estudios Autonómicos, por encargo del Gobierno catalán, ha redactado un informe sobre 16 puntos conflictivos del nuevo Estatuto, excepto el de la financiación, que respalda la plena constitucionalidad del articulado. El documento niega que el proyecto encubra una reforma de la Constitución y rechaza que ponga en juego la unidad de España.

El consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, ha remitido el documento a los negociadores por parte del Gobierno central y del PSOE, el ministro de Industria, José Montilla, el portavoz parlamentario, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Francisco Caamaño.

- Nación. El informe valida la definición de Cataluña como "nación" alegando que esta palabra es "polisémica" y no contradice la Constitución si no se vincula a "Estado" y a "soberanía". También recuerda que el proyecto estatutario valenciano habla de "Reino de Valencia" como denominación histórica sin que ello haya planteado "ningún problema en relación con Reino de España".

- Catalán y castellano. Sobre la igualdad jurídica de las dos lenguas se asegura que el texto "no discrimina" al castellano porque reconoce la no discriminación por razón de lengua, el derecho de usar el castellano en toda la Administración pública, y el derecho de ser atendido en esta lengua.

- Derechos históricos. Los estatutos de Aragón y de Valencia también hacen referencia a ellos sin que hayan planteado problemas de constitucionalidad.

- Reforma constitucional. El informe asegura que el proyecto estatutario no es "una reforma explícita ni encubierta" de la Ley Fundamental aunque "aprovecha todos los espacios que la propia Constitución deja abiertos". También considera corregidas las advertencias de inconstitucionalidad que en su día hizo el Consejo Consultivo.

- Competencias. Defiende la intención de "delimitar de forma precisa" las funciones del Estado y de la Generalitat "para evitar la ambigüedad actual", lo que coincide con "la tendencia del derecho comparado en Europa".

- Intervencionismo. "No hay que confundir precisión con intervencionismo", reza el informe antes de recordar que el título de competencias de la Generalitat "no añade controles ni autorizaciones que no existan ya en la actualidad".

- Justicia. La reforma no pone en peligro la unidad del poder judicial y la única competencia que se añade al Tribunal Superior de Justicia es la resolución de recursos extraordinarios de revisión.

- Economía. El Estatuto no cuestiona la unidad de mercado, señala el informe, sino que preserva las competencias de la Generalitat frente a la intervención estatal. Se garantiza que las leyes de base puedan tener un alcance más amplio en relación a las cajas de ahorro.