La energía es cara

Las tarifas de electricidad se han movido desde 1997 en el escenario ficticio de un mercado eléctrico perturbado por los Costes de Transición a la Competencia (CTC), que reconoció el primer Gobierno del PP en 1997, y muy aliviado por el continuo descenso de tipos de interés desde comienzos de 1996. Ambas circunstancias permitieron a las empresas eléctricas compensar sobradamente la política gubernamental de rebajar nominalmente las tarifas reguladas. Pero la fórmula se deterioró cuando el margen de maniobra del menor coste del endeudamiento empezó a disminuir y en la recaudación periódica de los ingresos por los kilowatios vendidos apareció el llamado déficit de tarifa, es decir, la insuficiencia de la facturación para pagar a las compañías la electricidad que venden, y hoy está totalmente agotada. La desagradable realidad para los consumidores es que en España no existe un mercado que reconozca abiertamente los costes de la electricidad; y que si se quieren reconocer éstos, es necesario elevar las tarifas eléctricas.

De ahí que el Gobierno considere la hipótesis de subir las tarifas por encima del 3% a partir de 2006. La decisión no es fácil porque cualquier subida debe manejar con la habilidad del malabarista criterios contradictorios al mismo tiempo. Debe respetar, por supuesto, una imputación correcta de costes, tener en cuenta el derecho del consumidor a no ser expoliado con cargas ficticias -y aquí habría que mencionar las abultadas cantidades aceptadas para los CTC que se pagan en tarifa-, considerar el impacto de cualquier aumento sobre la inflación y analizar el escaso nivel de competencia del mercado eléctrico, compuesto por clientes cautivos y un volumen notable de subvenciones implícitas en algunas plantas de generación. Una lectura atenta del Libro Blanco de la Electricidad informa cumplidamente de éstas y otras distorsiones del mercado que favorecen a las empresas y perjudican o desinforman a los clientes.

La tarea no es sencilla. Ayudaría que el Gobierno dispusiera de una política energética coherente y más detallada que una simple declaración de intenciones. Tiempo ha tenido para ello. Quizá el mensaje principal debería ser el de que la energía es cara, que el precio debe reflejar esa realidad y que el encarecimiento para los consumidores debería ser equilibrado con políticas de ahorro y de eficiencia empresarial pilotadas desde el Ejecutivo. La letra pequeña y más importante de este mensaje todavía no se ha escrito.